El jefe comunal, Eduardo Burna, intenta desvincular su responsabilidad en relación a las fiestas clandestinas que se realizan en ese municipio turístico, luego del escándalo a causa de un festejo que contó con la participación de artistas de nivel nacional y con la presencia de centenares de invitados.
La festividad se llevó adelante pese a las prohibiciones de realizar reuniones multitudinarias, como medidas para frenar el avance del coronavirus, restricciones que rigen en todo el país.
En una entrevista difundida en radio Santa María de las Misiones, el jefe comunal -que pretende ser reelecto- fue consultado respecto de las reuniones multitudinarias que se realizan en el barrio privado Puerto Mbiguá a la vera del río Paraná, en ese poblado que limita con la provincia de Misiones.
El intendente se excusó diciendo que el barrio privado es una “zona franca” dentro de su Municipio, y agregó: “No tenemos registro ni sabíamos dónde estaba el barrio”.
Y en este contexto dijo: “Para nosotros no existe Puerto Mbiguá”, aunque el predio está incluido en el registro catastral de la Municipalidad que administra, y que, por lo consiguiente, percibe impuestos sobre los mismos.
El jefe comunal también expresó su supuesto desconocimiento sobre la existencia de emprendimientos inmobiliarias de alta categoría en esa zona del Norte de la ciudad, para luego asegurar que iniciaron investigaciones “para tratar de ver cómo es el loteo, agilizar la regularización y que formalicen el loteo”.
Agregó también que no tiene previsto clausurar el lugar ni tampoco intervenir en la cuestión.
Sin embargo, reconoció: “Esto es grave, porque puede ocurrir cualquier cosa y el responsable es el Municipio, por eso estamos actuando administrativamente”, aunque adelantó que no está previsto por ahora clausurar el lugar.
Silencio judicial
La fiesta clandestina fue organizada con motivo del cumpleaños de un encumbrado empresario posadeño, vinculado al club Guaraní Antonio Franco, una tradicional institución del fútbol de la capital misionera.
Aseguraron que hubo más de mil personas en un predio rural cercano a la ruta nacional 12, y la existencia de la misma trascendió por las publicaciones que se realizaron a través de las redes sociales.
Tras ello, el Municipio no intervino por medio del Comité de Crisis. “Es la Justicia local la que está actuando, nosotros ya les hemos aportado el material que tenemos”, se excusó el intendente.
Además, aseguró que existirían indicios respecto de la identidad de los organizadores, pero evitó darlos a conocer, aunque aseguró que esa información la manejan las autoridades judiciales. “Tenemos nombres, pero la Fiscalía tendrá que verificar”.
El problema es que el fiscal titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones está de licencia y se carece de información respecto a las acciones que realizan quienes lo subrogan.
Nuevamente el intendente intentó deslindar responsabilidad respecto del control de la circulación de personas y cargó contra la Policía y los jueces: “Será la Justicia la que defina si se adoptará alguna medida de seguridad para evitar que se repitan casos similares, ya que el control policial más cercano es el de San Borjita, a entre 18 y 20 kilómetros de distancia”.
