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Corrientes
23 mayo 2022

Fue gobernador de Corrientes, lo enjuiciaron y destituyeron, hoy acompaña en la fórmula a Valdés

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El 18 de setiembre de 1997 falleció Rubén Darío Casco, candidato a gobernador del Partido Nuevo para las elecciones provinciales de ese año, y su compañero de fórmula, Pedro Braillard Poccard, fue designado en su lugar, corriendo un lugar en la lista a Víctor Hugo Maidana, para ocupar la candidatura de vicegobernador.

​El resultado de los comicios fue un triunfo para los aliados del Panu y del radicalismo, tras definir con un balotaje, pero la situación económica de la provincia iba en marcada caída y comenzaría a aflorar la turbulencia social hacia fines de 1998. El desempleo, la pobreza, y un endeudamiento provincial que inclusive impedía afrontar el pago del aguinaldo, fueron algunos de los desencadenantes de la debacle social que se avecinaba.

No habían pasado 2 años de su mandato cuando la Cámara de Diputados suspendió al gobernador y lo sometió a juicio, acusado de incumplir el mandato popular y de delegar sus responsabilidades constitucionales en el líder de su partido, el ex gobernador Raúl Rolando Romero Feris. Poco después fue igualmente suspendido el vicegobernador. Finalmente, el 3 de diciembre de 1999 fueron destituidos por mal desempeño en sus funciones y abuso de autoridad, entre otros cargos presentados por los legisladores provinciales. Ya en ese momento la provincia tenía una deuda de 1.400 millones de pesos. El justicialista Hugo Perié asumió la gobernación de modo interino, hasta que fue desplazado por la 17ª intervención federal que se le realizaba a Corrientes en su historia.

Cuando nos acercamos a los 22 años de aquella funesta época, surgen paralelismos con este pequeño recordatorio, que no dejan de ser premonitorios. Aquel que alguna vez aspiró a la Vicegobernación hoy está en la misma situación, esta vez embretado en la coalición ECO-Cambiemos, y no encuentra reparos aun habiendo sido destituido -al hallarlo culpable una corte legislativa-, tildado por algunos sectores sociales de marioneta y cómplice de los desfalcos que les atribuían a algunos funcionarios de la época. ¿Si la situación legal está prescrita, también lo estará la obligación moral?

Federico G. A. Zamudio

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