Organizaciones sociales, civiles, políticas y sindicales de todo el país realizaron una gran movilización el 9 de julio para reclamar que el Estado nacional se haga cargo del acondicionamiento, cuidado y control del río Paraná.
Lo que se busca es revertir las políticas llevadas adelante por el macrismo, que desguazó las reparticiones estatales para beneficiar a empresas extranjeras.
Las consecuencias de estas acciones continúan, y hasta ahora estas tareas de dragado y balizamiento son realizadas por una empresa belga.
Tras la presión de los trabajadores, el Gobierno nacional emitió un decreto que puso en manos de la Administración General de Puertos ciertas responsabilidades relacionadas con los servicios de dragado.
Lo que ocurrió es que la misma agencia prorrogó la entrega de estos recursos a las mismas firmas que están operando en la actualidad. Esto genera desconcierto.
Lo hizo por medio de un decreto firmado el 2 de julio pasado, en el que se solicita que se informe la situación en la que se halla la dependencia nacional en Corrientes. Esto sería clave para reactivarla.
Sin embargo, ante la falta de claridad respecto del rol que cumpliría, se realizaron manifestaciones en todo el país. En el nordeste argentino la movilización tuvo como punto de encuentro el puente que une a las provincias de Chaco y Corrientes.
El acto se realizó en el ingreso del viaducto, del lado correntino, hasta donde confluyeron las columnas de manifestantes que habían marchado desde la orilla chaqueña.
Uno de los trabajadores que fue echado por la administración de Mauricio Macri es Guido Sabao, quien ahora es uno de los referentes de la organización que lucha por la recuperación de los recursos del Estado. Mirá el informe que realizamos en 2018
En una entrevista durante el programa A la Hora Señalada (radio Mega), Sabao explicó la situación en la que está la Dirección de Vías Navegables.
“El último decreto presidencial nos da un poquito de esperanza, pero no bajamos los brazos y estamos convencidos de que esta lucha debe continuar hasta que se logre un Estado presente, porque fue la plataforma de este Gobierno y es lo que votamos, para que esta repartición de Vías Navegables vuelva a operar, y estas dragas, que son del Estado, brinden un servicio al litoral argentino”.
Además, explicó: “Este decreto establece que la Agencia General de Puertos tiene que administrar el peaje y el servicio de dragado. Pero estamos a la espera y veremos qué decisión toma esta repartición”.
En relación a esto, explicó: “El pasado 2 de julio salió un nuevo decreto presidencial en el que se establece que se inicie la reapertura del distrito Paraná Superior. El subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Mariano Saúl, le pidió a los funcionarios que le envíe toda la documentación relacionada para poder reabrir la dependencia en Corrientes”.
“Es la primera vez en cuatro años que sale un documento que habla de la reapertura. Este documento inicia los trámites para la reapertura, pero lo importante es que se debe derogar el decreto que firmó Mauricio Macri que le quitó funciones a la repartición. Esto es importante para que todos los equipos vuelvan a estar en funciones en todo el Litoral”, sostuvo.
Respecto a las movilizaciones en defensa de los recursos estatales, remarcó: “Actualmente tenemos un pueblo organizado, una sociedad organizada, y no solo pueblos rivereños, sino que también ciudadanos desde Usuahia a la Quiaca se suman a este reclamo de soberanía sobre el Paraná. Esto nos demuestra que cualquier funcionario público no puede hacer lo que quiere, porque el pueblo está organizado”.
También destacó: “Este colectivo que surgió nos da fuerza”, y sostuvo: “No estamos de acuerdo en que se siga privatizando el río Paraná, porque estamos convencidos de que el Estado debe llevar la rienda de la protección de este río, y que esta repartición hizo el mantenimiento de esta vía fluvial por más de 120 años. Tenemos el conocimiento y la tecnología para hacerlo”.
Recordó además: “En 2018 el gobierno macrista suspendió el dragado y balizamiento. Dispuso que solamente sería un ente de control, y desde entonces el pueblo correntino inició una lucha. Luego se cerró la repartición y se despidió a los trabajadores, pero la lucha sigue”.
La repartición quedó diezmada de trabajadores. “Fueron jubilándose y no se repuso ese personal, algunos renunciaron voluntariamente y después quedaron 70 trabajadores, pero en 2019 el Gobierno cerró el distrito, y cuando vencieron los contratos en diciembre se despidió a 21 trabajadores. Esto dio origen a causas judiciales”, aseguró.
Estos trabajadores despedidos ahora buscan ser reincorporados.
El tema fue abordado por ADN Periodismo Federal, en un trabajo colaborativo con Prensa On Line, en el que se analiza la situación de las vías navegables del país.
