Zacarías Issolio, un escribiente que fue acusado, entre otros, de haber realizado maniobras irregulares para entregar vehículos secuestrados, renunció a su puesto.
Ahora deberá esperar que se analice la presentación realizada el pasado 30 de junio, y en la que expresó que desde el primer día de julio dejaba el cargo en la dependencia judicial ubicada en la calle 25 de Mayo, en la ciudad de Corrientes. La misma la hizo después de que la Cámara Federal de Apelaciones contestara un pedido que realizó, en el cual solicitó que le permitieran ir a trabajar a un Juzgado Federal de Resistencia y que, a su vez, trasladaran de aquella ciudad a Corrientes a una escribiente con su mismo rango y función, con la que había acordado el cambio.
Debido a que Zacarías Issolio es investigado por irregularidades cometidas en su función en Corrientes, los camaristas le negaron el pedido y él envió una nota informando su determinación.
“Vengo por este acto a presentar formal renuncia al cargo de escribiente auxiliar con efecto desde el 1 de julio, solicitando haga saber de ello a la Dirección de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dice la nota presentada. Y agrega que se “ponga en conocimiento de la Dirección de Administración del Consejo de la Magistratura de la Nación y se le informe de las licencias ordinarios no gozadas a fin de que se liquiden las mismas”.
“Motiva la presente el haber sufrido estos últimos cinco años una feroz campaña de difamación y persecución en el ámbito de la Justicia Federal correntina”, sostiene, justificando su proceder.
“Tan ridícula afirmación (la de acotar las facultades sancionatorias) deja lugar a dos interpretaciones: los especialistas en Derecho Administrativo con más anidad que prudencia decidieron vanagloriarse con magnificencia digna de dioses, desconociendo absolutamente los principios básicos de la materia y la norma aplicable; o bien, evidencian su decadente animosidad”, sostuvo.
Sospechas en el Juzgado
En 2016 los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, respectivamente a cargo de la Fiscalía General y las Fiscalías Federales de Corrientes, solicitaron investigar al entonces titular del Juzgado Federal N°1, Vicente Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarías Issolo, a los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández, a fin de determinar si incurrieron en los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento.
En su presentación solicitan que se investigue si en forma organizada y mancomunada Fernández, junto a los abogados Agnello y Barboza Galeano, realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar un vehículo Mercedes Benz 997-C250 que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez, quien fuera procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, para lo cual utilizaba la concesionaria RRVIP para blanquear el dinero ilícito.
En junio de ese año Fernández sostuvo haber adquirido el vehículo secuestrado, de buena fe, por lo que inició -a través de sus abogados- un incidente de entrega de bienes registrables en la secretaría a cargo de Molina, con la intervención del sumariante Issolio, con el fin de recuperar el vehículo.
Entonces la fiscalía le solicitó al juez Soto Dávila que citara a declarar al ex dueño del vehículo, Fernando Gauto, y a Fernández. Sin embargo, antes de que se proveyera la presentación de la fiscalía, la abogada Agnello se presentó nuevamente y pidió una serie de audiencias, las cuales fueron fijadas sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Asimismo, antes de ser notificados, los citados a audiencia comparecieron “espontáneamente” a declarar en el Juzgado.
Ante ello, se inició una serie de medidas investigativas, que incluyeron peritajes grafológicos y una rogatoria a la titular de la Fiscalía Federal de Eldorado, Misiones, Lilian Delgado, para que entrevistara a Gauto, quien negó haber declarado ante la Justicia correntina, como así también desconoció la firma que figuraba en su declaración.
También los fiscales Schaefer y Ferrini pidieron informes a la Afip respecto a la capacidad adquisitiva de Fernández, quien figura como monotributista, siéndole imposible justificar la adquisición de un Mercedes Benz como el que pedía que le restituyeran.
En base a las pruebas colectadas, consideraron que los imputados mencionados idearon “un plan con el objetivo de recuperar un bien que forma parte del patrimonio del imputado y procesado Rodríguez”, en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de dinero. Para obtener tal fin, “se falseó al menos un acta de declaración testimonial de nada más y nada menos que del titular del rodado (Gauto) y se convocó a una persona que en principio no podría justificar el origen de los fondos para adquirir un auto de alta gama”.
En ese sentido, los fiscales consideraron que “los imputados debieron relacionarse para llevar a cabo el plan denunciado, lo que denota una connivencia explícita al menos entre los funcionarios judiciales y el imputado Rodríguez, quien sería en definitiva el beneficiario del recupero del rodado”. Asimismo, entendieron que “deberá ser investigado, correspondiendo además que realice las explicaciones del caso el juez a cargo del Juzgado Federal N°1, Soto Dávila, en relación al conocimiento que pudiera tener sobre los hechos ocurridos”.
Por todo ello, Schaefer y Ferrini requirieron la realización de una serie de medidas de pruebas, como así también que sean indagados para determinar su participación en la comisión de los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento, en principio.
