Regenteaban una cueva financiera que funcionaba como un banco sin autorización. Tenían cajas de seguridad donde funcionarios, empresarios y personas que realizaban actividades lindantes con la ilegalidad guardaban bienes de origen dudoso.
Luego de cinco años de proceso, el juez federal de Corrientes Juan Carlos Vallejos elevó a juicio la causa en la que se acusa por lavado de activos a seis ejecutivos de una cooperativa que fue clausurada tras una investigación por intermediación financiera ilegal.
Están acusados de haber montado un banco sin autorización estatal, donde además instalaron cajas de seguridad en las que se hallaron desde joyas hasta divisas, cuyos orígenes aún se investigan.
En su resolución decidió no hacer lugar a los últimos planteos presentados por los procesados, y firmó la elevación a juicio de la causa por lavado de activos que se desprende de la investigación por intermediación financiera ilegal sobre la cooperativa correntina Pyramis.
De esta forma, tras la instrucción del caso, orientada por la fiscalía federal a cargo de Flavio Ferrini y con querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), irán a juicio acusados de lavado de dinero los ejecutivos Mario Argentino Boschetti, Lisandro Gabriel Boschetti, César Octavio Gelmi, Adolfo Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Ramón Contrera.
Entre 2012 y 2015 los seis procesados se desempeñaban como autoridades de la cooperativa, destinada a ofrecer sin aval del Banco Central servicios financieros que incluían desde la apertura y mantenimiento de cuentas, otorgamiento de créditos, el atesoramiento en cajas de seguridad y hasta la venta de divisas.
La actividad desplegada permitió a la cooperativa obtener alrededor de 68.500.000 pesos y capitalizar más de 9.500.000 pesos en intereses, con al menos 212 clientes. Además se siguió el destino dado a los fondos recaudados por Pyramis, como la compra venta de inmuebles, vehículos de alta gama y artículos de lujo, entre otros bienes.
La causa ahora recayó en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que también tiene pendiente la fecha de inicio del juicio de la primera parte de esta investigación, aunque existe la posibilidad de que se unifiquen ambos tramos, de modo de concretar un solo juicio. Por otro lado, la pesquisa derivó en el descubrimiento de millones de pesos, dólares y títulos de propiedad pertenecientes a políticos que no habían registrado esos bienes en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Uno de ellos es el actual presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, quien había alquilado tres cofres y guardó ahí 1.109.400 pesos y 578.771 dólares, una caja roja cerrada con cinta pack que tenía en su interior dos pulseras doradas y una cadena con eslabones dorados, cuyo origen se desconoce. Esto originó, a su vez, una causa donde se investiga si el legislador se enriqueció ilícitamente durante su gestión.