Tras una inspección en una plantación de pinos en la localidad de San Carlos, Corrientes, se inició un proceso judicial contra los dueños del lugar.
La inspección había sido realizada por funcionarios nacionales y de sindicatos de obreros rurales el pasado 15 de junio, en el pinar ubicado casi en el límite entre Corrientes y Misiones. La fiscalización fue una acción conjunta entre el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, el Comité Ejecutivo de Lucha en Contra de la Trata y Explotación de Personas y organismos nacionales como el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En la oportunidad los inspectores encontraron a 5 trabajadores rurales viviendo en condiciones muy precarias, en un colectivo viejo, sin agua potable ni energía eléctrica. Además constataron irregularidades salariales, pues al conversar con los trabajadores ninguno sabía cuánto ganaba.
Notaron, además, total ausencia de indumentaria especial para el trabajo y carencia de elementos de protección acorde a la actividad desarrollada, en evidente violación a la ley de trabajo agrario.
Advirtieron -también- que los trabajadores se encontraban lejos de su lugar de origen, pues todos eran oriundos de Leandro N. Alem, Misiones.
A raíz de todo ello, se procedió a asentar la denuncia penal correspondiente. El proceso habitual indica que, luego de la misma, la Justicia intima al empleador a regularizar la situación de los trabajadores y las condiciones de su contratación, en el plazo de 15 días, plazo que se cumpliría esta semana.
Debido a la gravedad del caso interviene -por tratarse de explotación laboral- la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal federal.
