Los empleados son misioneros y correntinos. Funcionarios advirtieron irregularidades en la contratación, en el pago de haberes y que hay escasas garantías de seguridad en los pinares.
Una inspección de instituciones que luchan contra la trata de personas en Corrientes derivó en una acción por posible explotación laboral en un emprendimiento rural de la provincia de Corrientes, ubicado en la localidad de Ituzaingó, Corrientes, de donde es oriundo el gobernador de esta provincia, Gustavo Valdés, y donde es permanente la detección de casos de esta índole.
En ese lugar, el 16 de junio, relevaron a trabajadores que se encontraban en condiciones de escasa salubridad, sin refugio adecuado y percibían haberes de sólo el 50% de lo estipulado por la normativa vigente, se les descontaba la comida y carecían de elementos de seguridad.
La fiscalización la realizaron los funcionarios de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre); el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores y el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas. Respecto de esto, el subdelegado de la Uatre, Sergio Greniuk dijo: “Este empleador tiene diferentes campamentos productivos forestales en la región y, si bien gracias al trabajo en equipo que venimos realizando desde del sindicato -junto con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, Migraciones, los inspectores del Renatre y el Comité Ejecutivo de Trata- realizó mejoras en las condiciones de vivienda de los trabajadores, aún no regularizó la situación laboral, es decir, tiene trabajadores no registrados y cobrando por debajo de la escala salarial vigente”.
Además explicó: “Esto está por fuera de lo que marca la ley y lesiona los derechos de nuestros trabajadores, y si bien las mejoras en infraestructura están, es imperioso que regularice la situación laboral y respete las remuneraciones mínimas establecidas por la CNTA”.
En el caso no se detectaron elementos que configuren el delito de trata de personas, pero se elaboró un acta en el que se intima al empleador, en un plazo perentorio y pasible de multa, a regularizar la situación y presentar la documentación pertinente.
