La otorgó el titular del Juzgado Federal 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos.
El magistrado respondió de esta forma a una solicitud formal del abogado Jorge Adrián Barboza, uno de los letrados defensores que intervienen en la causa. El mismo, al igual que los demás defensores, hizo notar que la situación sanitaria por el coronavirus ameritaba la atenuación de las condiciones de detención preventiva.
Por otro lado, los defensores hicieron notar que era inexistente el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte de los imputados, dado que están dadas las garantías para que se avance en el proceso judicial.
Los acusados fueron detenidos del 11 de junio pasado. Se trata de Adrián E., un sargento de la Gendarmería; el cabo de la Policía Federal, Ricardo K; el efectivo de la Policía de Corrientes, Marcelo Q.; los efectivos policiales de la Policía de Misiones, Ramón B. y Martín P., además de los civiles Jorge L., Jorge F, y Jorge H.
Los ocho fueron trasladados a su respectivos domicilios, de donde no podrán salir sin autorización judicial y deberán cumplir pautas de comportamiento, como la de evitar el consumo de alcohol y estupefacientes, o transgredir normativas y mantener contacto entre sí.
Los mismos están acusados de los delitos de contrabando, asociación ilícita, cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y permitir la circulación de camiones cargados con soja por caminos alternativos que comunican la provincia de Corrientes con Misiones, para que de esta forma los rodados no sean detectados por las fuerzas de seguridad y agentes tributarios que operan en las rutas nacionales 12 y 14.
Para permitir esto, los efectivos cobraban unos 200 dólares por camión, y una vez recibido el dinero garantizaban la seguridad. Además, tres baqueanos de la zona -los civiles involucrados- hacían las veces de guía para que los choferes no se perdieran y llegaran sin problemas a la costa del río Uruguay, donde debían descargar el grano.
