Aprobaron ayer un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Salud- implemente la vacunación contra el coronavirus sin inscripción previa.
De esta forma lo que se busca es garantizar el acceso a la salud a una franja etárea proclive a ser más afectada por la enfermedad.
La resolución busca revertir los índices actuales de acceso a la vacunación, ya que el 25% de los mayores de 60 en la provincia aún no recibió la primera dosis.
La justificación de la solicitud es que “en Argentina, la semana pasada el avance de la vacunación alcanzó alrededor de 2.078.868 personas de la población”.
En relación a esto se hizo notar que en Corrientes “el esquema de inmunización se desarrolla a un menor ritmo, siendo necesario mejorar el proceso”.
“En la actualidad la situación epidemiológica que atravesamos es alarmante, considerando el acelerado crecimiento de casos positivos, elevado números de fallecidos y las medidas restrictiras poco eficientes”, indica la normativa redactada por el legislador Martín Barrionuevo.
Y agrega: “Es necesario profundizar el esquema de vacunación, dado que al momento el 30% de los adultos mayores no fueron vacunados, siendo uno de los grupos de mayor riesgo, ya son tres los rangos etáreos más jóvenes que tienen mayor proporción de vacunación que los mayores de 80 años”.
La resolución fue aprobada por unanimidad, lo que no significa que el Gobierno la cumpla.
Es muy posible que el Poder Ejecutivo, en la cabeza de Gustavo Valdés, desoiga este pedido, tal como lo hizo con la resolución 12/2021, en la que se pedía informes sobre la distribución de las dosis.
En aquella oportunidad se había aprobado el texto en el que se pidió al Ministerio de Salud Pública informes específicos, luego de que se encontraron 900 dosis de vacunas Sputnik V en la camioneta del ministro Ricardo Cardozo.
Aquel texto pedía información respecto de los siguientes puntos:
a) Total de dosis recibidas y de qué tipo, cuántas fueron enviadas a cada localidad, el mecanismo de transporte utilizado, cuántas fueron aplicadas, en qué población objetivo y stock en cada uno de los centros de vacunación.
b) Existencia de controles de las vacunas aplicadas, a quiénes se aplican y cómo se hace el cruzamiento con el sistema de inscripciones de la provincia.
c) Quién autoriza y cómo se controlan aquellos operativos de vacunación que no tienen por población objetivo los inscriptos para hacerlo en la página oficial.
d) Gestión de stock de las vacunas, registro de retiros y reposiciones en cada uno de los puntos de vacunación en la provincia. Periodicidad del control de stock, funcionarios responsables de hacerlo.
En este caso el Gobierno hizo caso omiso al pedido y desoyó un requerimiento del Poder Legislativo. El reclamo de información sobre la política sanitaria aún persiste.
