El sobreseimiento llegó más de tres años después de ser encerradas injustamente.
En pocas palabras se puede resumir el calvario de Sandra Martínez, de 58 años, su hija Ludmila Zerrizuela Martínez, de 24, y también de R., el hijo menor de la primera mujer, y quien en todo este proceso vivió sin madre presente y hasta fue secuestrado en el marco de una maniobra extorsiva contra su progenitora.
Las dos mujeres fueron sobreseídas por falta de pruebas en la causa por el asesinato de Justa Valenzuela en 2017. La Policía de Corrientes había detenido a ambas debido a que Mario Núñez, quien supuestamente era el amante de la mujer fallecida, planteó la hipótesis de que las dos mujeres que cuidaban a la anciana pretendían quedarse con la casa donde ésta residía, aunque también fue arrestado, y ahora liberado.
Crimen sin castigo
La indagación concluyó que Justa Valenzuela, quien residía en el barrio La Vizcacha de la capital, fue sacada de su domicilio y trasladada en una camioneta hacia el sur, por la ruta nacional 12 y luego por la 123 hasta 9 de Julio, distante a 180 kilómetros.
El cadáver fue encontrado a las 7 de la mañana en una tumba, puesta boca arriba con los brazos abiertos y con un crucifijo envuelto en un paño rojo introducido en la garganta, la causa de la muerte fue estrangulamiento por constricción. Los peritos establecieron que el crimen ocurrió entre las 21 y las 22 del 6 de diciembre, probablemente en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo.
Para la fiscalía el plan del homicidio tenía como fin que, una vez muerta la anciana, los tres acusados se quedaran con la vivienda de un barrio periférico, de la ciudad de Corrientes y de relativo valor económico.
La abogada Andrea Quincose Villalta fue quien asistió a ambas, pero no intervino en el caso. Aún así conoce en detalle el expediente. “Las pruebas siempre demostraron su inocencia. La geolocalización de sus celulares y las cámaras del peaje de Riachuelo indicaban que se encontraban en sus casas a las 8.30 de la noche a 180 kilómetros de dónde se cometió el crimen”, indicó la letrada.
Solas y en la calle
El sobreseimiento fue establecido a las 15 del 17 de junio de 2021, a tres años y seis meses del crimen.
“A las 7 de la tarde madre e hija estaban en la vereda del Penal con sus cosas, sin lugar donde vivir”, relató Quincose Villalta. Ambas fueron asistidas por la misma abogada y la Asociación de Mujeres Penalistas de la República Argentina. Les consiguieron un albergue provisorio.
El motivo por el que están en la calle es que un abogado representante del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, había prometido sacarlas de la cárcel, pero para lograr esto les había pedido que le cedieran la titularidad del terreno de 11 hectáreas que la mujer poseía en Corrientes.
Debido a que ella se negó, el hombre buscó al hijo menor de la detenida, quien al no tener familiares se hallaba en un orfanato, y se lo llevó con él. Así, volvió a entrevistarse con la mujer y le advirtió que no vería más a su hijo, consiguiendo que firmara los papeles. Una vez hecho esto, loteó el terreno, demolió la vivienda y vendió las parcelas.
Debido a esto, Sandra Martínez, Ludmila Zerrizuela y el menor -ahora de 17 años- no tienen donde vivir, ni recursos para subsistir. Están en una pieza alquilada por un grupo de amigos.
