Sostuvo que habían encarcelado a dos mujeres para obligar a un prófugo a entregarse a la Justicia a cambio de liberarlas.
En una de las jornadas de alegatos de la causa en la que se investigó el tráfico de estupefacientes desde Corrientes a siete provincias, el abogado Jorge Adrián Barboza, titular del estudio jurídico RAB de la ciudad de Corrientes, se dirigió al Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de buenos Aires.
Lo hizo en su rol de abogado defensor de Angélica Saucedo, Ezequiel Saucedo, Melanio Mareco Vargas y Silvina Soledad Ayala, quienes fueron detenidos en marzo de 2017 acusados de haber colaborado con las organizaciones criminales que operaban en Itatí y comercializaban estupefacientes en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y otras jurisdicciones del país.
El letrado hizo referencia al origen de las investigaciones y deslizó la posibilidad de que la causa esté fundada en fines políticos partidarios, en el marco de una campaña tendiente a beneficiar al grupo político que administraba el país en aquellos años.
“En esto el instructor se ganó el premio mayor”, sostuvo al referirse al ex magistrado federal Sergio Torres, quien ahora es ministro de la Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cargo al que accedió, casualmente, luego de cerrar la instrucción de la causa del operativo Sapucay.
Sostuvo entonces que “esta es una causa que se basa en interpretaciones de escuchas”, y remarcó que en todo el proceso investigativo ninguna fuerza incautó grandes cantidades de estupefacientes, tal como indica la acusación.
Entonces, hizo notar que “en este operativo se hicieron 44 allanamientos y sólo incautaron 500 gramos de marihuana podrida dentro de la comisaría de Itatí”.
Seguidamente se refirió a la situación de cada uno de sus defendidos.
Extorsión legal
Además, en su alocución se refirió a la relación familiar que tenían las dos mujeres detenidas con Luis “El Gordo” Saucedo, un supuesto líder narco que fue detenido en 2019 en Paraguay, luego de haber estado prófugo.
Así analizó la acusación contra la hermana de este individuo, Angélica Saucedo, acusada de prestar su nombre para comprar vehículos a fin de blanquear capitales provenientes del narcotráfico, al igual que la pareja de éste, Silvina Soledad Ayala.
“El fin del involucramiento de estas dos mujeres tenía como fin hacer que Luis Saucedo se entregara, ya que estaba prófugo”, afirmó sin dudar el abogado, y sostuvo que “es una práctica habitual que las fuerzas de seguridad realicen estas detenciones para presionar a los evadidos”.
Además, agregó: “Una de estas mujeres, la señora Ayala fue detenida estando embarazada y quiero remarcar algo que la sociedad y los jueces deben saber: durante los interrogatorios la presionaban, le decían que ella estaba embarazada y presa mientras que su pareja estaba libre y con otras mujeres. Con esto querían hacer que se incriminara en algo que no hizo”.
“Estas dos mujeres perdieron cuatro años de su vida y no lo van a recuperar, al igual que sus hijos, que se criaron sin sus madres. Esto, en algún momento, los fiscales y jueces lo van a tener a revisar, porque esta práctica es rayana en la extorsión: meter presas a las madres para ver si otros imputados se entregan”, dijo.
Asimismo, manifestó: “Esta situación merece más cuidado, porque hoy se les va a devolver estos cuatro años perdidos. Es por ello que deben ser responsables los funcionarios, porque la sociedad no puede pagar esos errores; la sociedad debe pedir que los funcionarios respondan por estas cuestiones”.
En relación a esto, hizo notar que, de ser declaradas inocentes estas dos mujeres, el Estado deberá indemnizarlas, “pero los fiscales y los jueces no responderán con su patrimonio por los daños causados”.
