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Corrientes
24 octubre 2021

Jueces correntinos condenaron a un grupo de empresarios misioneros por delitos financieros

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Los magistrados integrantes del Tribunal Oral Federal de Posadas condenaron a penas de hasta seis años de prisión a tres hombres, por integrar una asociación ilícita fiscal vinculada con la actividad yerbatera.

Los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Fermín Ceroleni -del TOF de Corrientes- y Rubén Quiñones -de Formosa- asistieron de forma remota e hicieron lugar al pedido de penas solicitado por Vivian Barbosa, titular de la Fiscalía General ante ese órgano, que señaló que los acusados crearon empresas falsas mediante las cuales emitían facturas apócrifas y creaban créditos fiscales falsos, que luego vendían a firmas legalmente constituidas, con un perjuicio fiscal cercano al millón de dólares.

El juicio fue realizado bajo la modalidad semipresencial. En la sala estuvieron presentes el presidente del tribunal, Manuel Alberto Jesús Moreira, las partes y la querella.

De acuerdo a la acusación, desde una fecha anterior al 2005, Luis Ramón Sayas, Oscar Luis Ocampo y Ricardo Galarza armaron al menos nueve empresas falsas que funcionaban en domicilios fiscales inexistentes, con prestanombres y documentación apócrifa. En una de sus maniobras la organización puso a dos mujeres de bajos recursos -una de ellas contactada a través de la esposa de Galarza, a quien conocía desde la infancia- como presidenta y vicepresidenta de una de las firmas, luego de haber sido engañadas con promesas de trabajo efectivo y el pago de un salario mensual irrisorio.

Fue justamente el testimonio de estas víctimas, que denunciaron las maniobras a la Afip, lo que puso en marcha la investigación de las operaciones realizadas por los imputados.  El ente confirmó -además- que dos empresas yerbateras instaladas en Misiones compraron créditos fiscales apócrifos, que fueron luego impugnados por el organismo recaudador.

Por intermedio de las múltiples sociedades en las cuales siempre tenían algún tipo de intervención, Zayas, Ocampo y Galarza intervenían en las diligencias relacionadas con las supuestas actividades comerciales, como alquileres de secaderos, trato directo con proveedores apócrifos, gestiones ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate y solicitud de impresión de facturas correspondientes, a los fines de crear por intermedio de ellas el crédito fiscal ficticio.

La acusación fiscal

Barbosa sostuvo, en su alegato, que la finalidad de esta organización “era utilizar empresas que tengan la apariencia de ser reales y facilitar operaciones entre firmas falsas y contribuyentes reales que, al utilizarlas como crédito fiscal, reducían significativamente el monto del impuesto que deberían tributar (diferencia entre IVA compra e IVA venta), y a su vez les permitía computarlas como costo, y en su caso, gastos en el Impuesto a las Ganancias”. Además consideró como un agravante que los imputados generaron “un complejo entramado de sociedades para facilitar la evasión impositiva de terceros, ya que no se limitaron a la creación de una sociedad con la cual operar, sino que, al menos, utilizaron cinco sociedades distintas”.

Dentro de la división de roles dentro de la organización, Luis Ramón Zayas era quien daba las órdenes, conducía al grupo y cumplía tareas relevantes, como presidente de directorio, apoderado, representante o firmante de cuentas. En su domicilio se encontraron documentaciones originales de todos los contribuyentes cuestionados (autorizaciones, declaraciones, sellos y chequeras), lo que para la fiscalía confirmaba su rol primordial dentro de la organización. De acuerdo a un informe presentado por la Afip, Zayas integra un total de cuatro sociedades, tiene poder especial en cinco y es cotitular de cuenta bancaria en tres.

Siguiendo en el escalafón, Oscar Luis Ocampo era quien cumplía las tareas de gestor y quien se encargaba personalmente de todos los trámites ante los distintos organismos y registros. La documentación secuestrada en distintos allanamientos en relación a este imputado dejó entrever para el Ministerio Público Fiscal que, si bien no era quien tomaba las decisiones en la organización, tenía un papel relevante, ya que era quien figuraba como autorizado por varias de las firmas involucradas y por las personas físicas para realizar trámites de inscripción y/o gestión ante organismos públicos. Además poseía poderes generales de administración de algunas firmas. Por su parte, Ricardo Galarza era quien acercaba gente para formar las sociedades y se encargaba de conseguir los prestanombres que figurarían como socios de las firmas cuestionadas.

La acusación también destacó que la organización demostró “una ingeniería delictiva elaborada”, que incrementa la gravedad del hecho. Además, para constituir al menos una de estas sociedades, se valieron de mujeres utilizando el engaño, “sea aprovechándose de su precaria situación económica y escasa instrucción, o sea defraudando la confianza depositada en una persona de la cual jamás desconfiaría que la involucraría en semejante operatoria”.

Respecto a la extensión del daño causado al fisco, a través un informe de incidencia fiscal se pudo corroborar que solamente con cinco de las empresas cuestionadas -Establecimiento Estanciera, J & J Servicios, Oberá Envases, Alimentos SA y Establecimiento San Juan- se hicieron ajustes a usuarias reales por más de 2,5 millones de pesos, al valor de operatorias realizadas hace diez años, con la cotización del dólar a 3,76 pesos.

El pedido de penas y la condena

Por estos motivos, Barbosa solicitó una condena a Zayas de siete años de prisión, por ser jefe de asociación ilícita fiscal, mientras que el pedido para Ocampo fue de seis años en calidad de organizador, y de cuatro para Galarza en condición de integrante. 

En su fallo el Tribunal respetó las figuras solicitadas por Barbosa e impuso penas similares a las reclamadas: Zayas fue condenado a seis años de prisión, Ocampo a cinco y Galarza a cuatro. Los fundamentos de la sentencia se conocerán en la lectura integral pautada para el 31 de mayo a las 19.

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