El gobernador de Corrientes se refirió a la medida del Estado nacional de suspender la venta de productos cárneos al exterior. Sostuvo que esto afecta a productores de su provincia. Sin embargo, la matriz productiva correntina no está orientada a la exportación.
Las medidas del Gobierno nacional, que apuntan a poner freno a la suba injustificada del precio de la carne bovina en las góndolas, fue uno de los temas que abordó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en la asamblea de Gobernadores del Norte Grande realizada el pasado viernes 28 de mayo de manera virtual.
En el encuentro, que fue presidido por Jorge Milton Capitanich, primer mandatario de Chaco, Valdés sostuvo que el freno a las exportaciones afectó a la producción correntina, pero evitó explicar el modo en que la medida gubernamental toca los intereses del sector ganadero de su provincia.
“Reunidos virtualmente con los gobernadores del Norte Grande y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, abordamos diversas cuestiones, como obras estratégicas regionales, proyectos legislativos comunes y la inserción conjunta en mercados internacionales”, tuiteó.

En este contexto expuso “la preocupación” por el cierre de las exportaciones de carne, que “afectan a 22.000 ganaderos locales”.
En ese orden, indicó: “En la provincia, el 93% de los productores tiene menos de 500 cabezas de ganado, por lo que la medida es un duro golpe que, esperamos, se pueda revertir”.
Lo cierto es que, según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la matriz productiva ganadera de Corrientes no está orientada a la exportación, sino a la cría y recría de animales que luego son vendidos a productores de la Pampa, donde se concentra la hacienda destinada a la faena.
La Casa Rosada había expuesto que la prohibición de exportar carne tiene como fin, en primer lugar, garantizar el consumo interno y, en segundo, evitar que se dolarice el precio del producto en la cadena de comercialización.
La lógica es que, al subir la cantidad de carne en stock, en el sistema de comercialización, deberían bajar los precios en las góndolas.
Es evidente que la queja del gobernador correntino apunta a defender a los grandes terratenientes ganaderos que venden el ganado en pie a grandes exportadoras, y no al consumidor.
Pero, por otra parte, su argumento expone claramente el rotundo fracaso de su política productiva, que derivó, entre otros hechos, al cierre de un frigorífico constituido con fondos provinciales, pero con procedimientos de dudosa legalidad.
Falsas promesas
En 2019 Valdés había inaugurado un emprendimiento que, según sus promesas, habría de ser la salvación de la producción ganadera provincial.
Se trata del frigorífico Muralla China, un emprendimiento en el que un grupo de supuestos empresarios chinos faenarían animales criados en Corrientes con fines de exportación.
El proyecto se habría generado con un sinnúmero de acciones ilegales, en el que se podría haber incurrido en el desvío de fondos públicos y evasión fiscal, y en el que, además, intervendrían funcionarios encausados por delitos financieros.
Un cuento chino
En 2018 Valdés había anunciado que un grupo inversor chino compraría el frigorífico Tomás Arias, en la localidad de Riachuelo, edificio que estaba abandonado.
Supuestamente los inversores serían asiáticos, pero lo cierto es que son argentinos, de origen chino y con deudas con el fisco.
Estos, firmaron un contrato social y dieron origen al consorcio el 21 de diciembre de 2018.
Siete semanas después, el 11 de febrero de 2019, firmaron en la Casa de Gobierno un convenio con el Estado correntino. La rúbrica fue de Valdés.
El anuncio oficial es que los “chinos” invertirían unos USD10.000.000 en la planta donde se aprovecharían 350 cabezas de ganado diariamente y daría trabajo a 500 obreros. Pero, el capital de la empresa era de sólo $5.000.000.
Al mismo tiempo se estableció un acuerdo para que el Banco de Corrientes le entregara esa misma cantidad de dinero a esos empresarios, para que invirtieran en su emprendimiento.
En términos concretos, el dinero que prometieron los inversores en realidad saldría de las arcas del Gobierno.

Personajes oscuros
El consorcio inversor cuenta con un gerente general de nombre Manuel Sussini, quien tendría todas las facultades para administrar el grupo empresario.
Este hombre es un ex legislador correntino oriundo de Santo Tomé, y que al momento de firmar el contrato era también asesor del Gobierno de Corrientes.
Es, además, presidente del partido político Compromiso Correntino, un aliado de la alianza gobernante Encuentro por Corrientes+Cambiemos.
En su doble rol tomó las riendas del negocio, pero en el frigorífico, desde entonces, no se exportó un sólo kilogramo de carne, porque la empresa carece de infraestructura para cumplir ese fin y tampoco tiene autorización de la Secretaría Nacional de Sanidad Animal (Senasa).
Sin embargo, la firma abrió un local en la avenida Tres de Abril, en la ciudad de Corrientes, donde expende cortes al consumidor final y en dudosas condiciones de higiene.
Respecto de su administrador, Sussini fue encausado por lavado de activos y es investigado por evasión fiscal, debido a que fue vinculado a un banco trucho allanado por la Justicia federal.
La causa surgió de la investigación a la cooperativa de créditos Pyramis, que funcionaba como un banco, sin serlo, y donde existían cajas de seguridad en las que Sussini guardó USD119.690, cuyo origen no pudo explicar.
Luego, este mismo hombre fue encarcelado al ser imputado por una causa de abuso sexual. Lo que surgió de la investigación es que abusó de dos adolescentes a quienes había llevado a su casa como “criadas”, pero a las que les habría obligado a practicar sexo.
Argenchinos
En relación a los integrantes del consorcio Muralla China, los socios asiáticos fueron nacionalizados argentinos.
Estos, además, son familiares entre sí y están domiciliados en la provincia de Buenos Aires.
El representante de este grupo es Yi Zhuang, un joven de 32 años, con domicilio en la calle Artigas 680 de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, donde también se radica Yanmei Zeng, otra socia, quien sería su pareja.
También integra el consorcio Jiawei Zhuang, de 44 años, radicado en Alberti 2028 de la localidad bonaerense de Ituzaingó, quien convive con su hermana Yun Zhuang, también socia, y su hermano, Rongxiu Zhuang, otro integrante de la empresa.
Participan también en la corporación Fangyu Gou, de 31 años, domiciliado en la calle Juncal 644 de la misma localidad, y Qinghui Lin, de 25 años, que vive en la calle Ciudadela 183 de Villa Tesei, en Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
En el contrato social figuran, como parte de la firma, Min Zhuang, de 34 años, y Pingmei Chen, de 35, ambos con domicilio en Defilippi 1437 de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Estos últimos conviven con Limin Wu, también integrante de la corporación. Todos tienen documentos nacionales de identidad de Argentina y figuran en la Administración Federal de Ingresos Públicos como supermercadistas, donde no consta que tengan inversiones en el exterior.