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Corrientes
24 octubre 2021

El Comité Contra la Tortura realizó una denuncia de abandono de persona en la Unidad Penal 6

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Aseguran que un detenido que padece una enfermedad grave no recibe atención médica y le niegan la detención domiciliaria.

El Comité Contra la Tortura, de Corrientes, denunció que un detenido en la unidad penal de San Cayetano fue abandonado a su suerte por las autoridades judiciales, las que no le garantizaron la atención médica a pesar de padecer cáncer.

En un comunicado, firmado por Celestino Leguizamón, presidente del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, dio a conocer la situación por la que atraviesa el interno Cristian Martín Porcel Canteros, de 35 años.

El hombre fue condenado en Paso de los Libres y se encuentra detenido desde hace casi tres años por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego”. Tiempo después se le manifestó un padecimiento neurológico tumoral en la glándula Hipófisis. Fue trasladado desde Monte Caseros a la Unidad Penal 6 de San Cayetano, para recibir una mejor atención médica.

Pero la asistencia profesional le fue impedida por las autoridades penitenciarias y judiciales, debido a que, por la pandemia de coronavirus, era imposible su traslado a un centro de salud. El interno ya perdió 20 kilos desde que está detenido, y la medicación y la atención médica que requiere como consecuencia de su enfermedad, son solventados por su madre.

El 2 de marzo solicitó su libertad condicional, porque ya ha cumplido los dos tercios de la condena, pero el pedido le  fue denegado debido a que la víctima del asalto que cometió, consultado por los jueces, se opuso.

El 28 de abril pasado solicitó la prisión domiciliaria por razones de salud, con el respaldo de cuatro informes médicos: tres de ellos del Servicio Médico Forense y uno de un médico del Comité. Este pedido, presentado con carácter de urgente al Tribunal “todavía no ha tenido respuestas y la enfermedad progresa”, denunció Leguizamón. “La demora en resolver una cuestión que involucra la salud de un interno pone en crisis compromisos internacionales de raigambre constitucional, como los tratados de derechos humanos”, advirtió.

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