Las mujeres fueron involucradas en una investigación en la que detuvieron a un intendente, su vice, un comisario, y otros funcionarios públicos por supuesto tráfico de drogas. Las consideraron partícipes necesarias y las retuvieron cuatro años, pero aún no tienen condena. Los políticos están libres desde dos años.
El doctor Jorge Adrián Barboza, abogado defensor de dos de las mujeres detenidas en el marco de la causa del operativo Sapucay, en el que se investigó el tráfico de marihuana desde Itatí a siete provincias, logró la libertad de sus defendidas a semanas que concluya del juicio oral y público.
El fallo del Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires estableció que Silvina Soledad Ayala y Angélica Viviana Saucedo debían recuperar la libertad, mientras continúa el juicio en el que aún no se comprobó su participación en los hechos que se le imputan.
Se trata de la hermana y la cuñada del supuesto líder narco Luis “El Gordo” Saucedo, actualmente detenido y a la espera de ser juzgado por la misma causa, luego de haber sido apresado en Paraguay en 2018.
La disposición, firmada por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Pelloni, establece “conceder la excarcelación” de ambas imputadas, la que se hará bajo caución juratoria “ y disponer su inmediata libertad”.
La disposición se emitió horas después de que los fiscales de la causa solicitaron las penas de cuatro años y seis meses de prisión, multa de $7.000, accesorias legales y costas para Angélica Viviana Sucedo, y de cuatro años y tres meses para Silvina Soledad Ayala, “por considerarla penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro, en concurso real con el tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de menores de 18 años de edad y de funcionarios públicos, en carácter de partícipe secundaria”.
Ambas fueron detenidas el 14 de marzo de 2017 en Itatí en el contexto de un cinematográfico operativo montado por la entonces ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acción que denominó “Operativo Sapucay”.
En el mismo fallo los jueces reconocen que ambas imputadas “fueron detenidas, en las presentes actuaciones, el 14 de marzo de 2017, por lo que permanece en dicha condición desde hace cuatro años, dos meses y seis días, en la actualidad”.
Esto, en términos concretos, implica que ambas mujeres ya cumplieron casi la totalidad de la pena de manera anticipada sin que el Tribunal de Juicio haya podido comprobar de manera fehaciente y cierta la autoría de los hechos que se les imputa, en un hecho que entra en total conflicto con el principio de inocencia establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
A las claras, en el caso se utilizó la herramienta de la prisión preventiva de manera arbitraria incurriendo en un hecho lindante a la detención ilegal de las personas con el posible interés de presionar a un evadido a entregarse a la Justicia o, lo que es lo mismo, utilizando de rehenes a sus familiares cuya participación delictual hasta la fecha, no fue demostrada.
En la causa, la Procuración de la Narcocriminalidad planteó la hipótesis de que las actividades de narcotráfico eran coordinadas por narcos con la protección de policías provinciales, gendarmes, prefecturianos, numerarios de la PFA y del entonces intendente de Itatí, Natividad Terán (PJ) y su vice, Fabio Aquino (Cambiemos).
La acusación a los políticos fue usado por el gobierno de Mauricio Macri, a través de Patricia Bullrich con fines electorales. La funcionaria aseguró que “Corrientes es un narcoestado” y acusó a sus adversarios políticos del Justicialismo de utilizar fondos ilegales. Sin embargo, los políticos estuvieron detenidos unos pocos meses sin que se les compruebe delito.
