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Corrientes
13 junio 2021

Insólito pedido de la Procunar para investigar a un policía que advirtió posibles vínculos políticos de un grupo de narcotraficantes

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Un comisario de la Policía Federal denunció las relaciones ilícitas con funcionarios gubernamentales de Cambiemos, pero los fiscales de la Procunar pidieron que el policía fuera investigado por falso testimonio.

El Ministerio Público Fiscal Federal pidió al Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires que investigara por posible falso testimonio a un alto jefe de la Policía Federal Argentina, que fue citado a declarar en el marco de la causa del operativo Sapucay, en la que se siguieron los pasos de los integrantes de una organización criminal que transportaba estupefacientes desde Itatí a siete provincias.

La solicitud es para que se verifiquen los dichos del ex comisario jefe de la delegación Corrientes de la PFA, Walter Zanek, quién estuvo a cargo de las investigaciones del destino que le daban los narcotraficantes itateños al dinero que obtenían con la venta de narcóticos.

El pedido es muy llamativo, no sólo porque durante su declaración los jueces y fiscales permitieron que este oficial relatara detalles de las investigaciones que había desarrollado, y que permitieron descubrir una posible relación entre los narcos que había detenido y los funcionarios del poder político.

Puntualmente, había intentado explicar cómo los narcos usaban el dinero obtenido de la venta de droga para montar un negocio de préstamo de dinero por fuera del mercado legal.

El debate se realiza vía zoom.

Identificó a dos custodios de la Casa de Gobierno provincial como los líderes de esa banda, pero los jueces del Tribunal lo interrumpieron y le prohibieron hablar del tema.

En su declaración había intentado explicar las consecuencias de las investigaciones, las que le permitieron descubrir que los delincuentes entregaban importantes montos de dinero a choferes de remises y dueños de esos rodados, quienes luego debían devolverlo a tasas usurarias, y si no podían afrontar esos pagos debían cubrir su deuda realizando transportes de marihuana a Chaco y otras provincias.

Los fiscales, en lugar de profundizar en la posible relación entre narcos y políticos, le hicieron preguntas sobre un altercado que tuvieron sus subordinados con efectivos de la Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 14, donde se disputaron la incautación de un camión con estupefacientes.

Lo que había ocurrido es que dos jueces habían mandado a seguir al mismo camión cargado con drogas y que, como consecuencia, ambas fuerzas coincidieron en el mismo operativo.

Esto había sido explicado por Zanek quien, además, refirió a documentos incorporados en la causa que respaldan sus dichos.

Igualmente, los fiscales decidieron pedir que se lo investigue por “falso testimonio”, lo que ahora deberá ser analizado por el Tribunal Oral Federal.

El pedido fuer realizado en la jornada del debate en el que interviene el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, junto al titular de las Fiscalía General N° 4, Juan Patricio García Elorrio, y el auxiliar fiscal de la Procunar, Martín Uriona.

En la misma jordada, estos solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 penas que van desde los tres años y tres meses hasta los dieciocho años de prisión para doce personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la ciudad de Itatí, en la provincia de Corrientes. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron dieciocho años de prisión para el líder de la estructura criminal, Carlos “Cachito” Bareiro, además de una multa de 33 mil pesos, entre otras sanciones económicas para el resto de los acusados.

La fiscalía solicitó la imposición de nueve años y medio de prisión para el ex comisario de la Polícia de Itati, Osvaldo Ocampo Alvarenga; nueve años de prisión para los agentes de la Polícia Federal Rubén Ernesto Ferreyra y Carlos Víctor López; ocho años y seis meses de prisión para Ezequiel Arnaldo Saucedo y Jorge Eduardo Espinosa; ocho años de prisión para Alejandro Ramón Gayoso y Melanio Mareco Vargas; siete años y medio de prisión para Edgardo Javier Coria (se requirió unificación de pena); siete años de prisión para Carlos Luis Romero; cuatro años y medio de prisión para Angélica Viviana Saucedo; y cuatro años y tres meses de prisión para Silvina Soledad Ayala.

Todos ellos y ellas fueron acusados de los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio- en calidad de coautores (exceptuando Viviana Saucedo y Silvina Ayala, ambas consideradas partícipes secundarias), agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad y por la intervención de funcionarios públicos.

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