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13 junio 2021

Denuncian que intendentes de Cambiemos utilizan casas sociales para hacer campaña

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Beneficiarias que salieron sorteadas en un programa de viviendas en Curuzú Cuatiá dieron a conocer que el intendente de la localidad, José Irigoyen, las desplazó del listado por cuestiones político electorales.

La creciente e irresuelta situación habitacional de Corrientes se ve agravada, frecuentemente, con casos que rondan en torno a la incompetencia e ineficacia oficial, que facilitan las acusaciones de corrupción.

Curuzú Cuatiá no es la excepción, en medio de una batalla proselitista, donde lo incierto se confunde con lo verdadero, surgen las experiencias atestiguadas por dos vecinas de la localidad, Brenda Klein y Yohana Ávalos, las cuales salieron sorteadas el 10 de marzo para recibir una casa cada una en un nuevo grupo de viviendas -constituido por 10 unidades creadas a partir del accionar del Invico-, pero que fueron descartadas por personas que, según manifiestan, no estaban ni siquiera anotadas en la lista de suplentes.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes y José Irigoyen, intendente de Curuzú Cuatiá.

Las dos mujeres mencionadas han aparecidos en medios informativos y en las redes sociales resaltando los mismos argumentos: recibieron malos tratos y tuvieron una pésima atención; además hicieron acusaciones de acomodo y se sintieron engañadas y abusadas por distintos funcionarios, entre ellos el mismo intendente, José Irigoyen, y una asistente social del Invico de la capital de Corrientes, Lorena González, entre otros, a quienes también señalan como altaneros y despreciativos a la situación por la que atraviesa la gente con las mismas necesidades.

Por otro lado, la versión oficial aduce que las dos vecinas no cumplían con los requisitos necesarios para recibir las viviendas, a saber: recibo de sueldo -con un ingreso que no supere los 17.000 pesos- y que su situación habitacional estuviera dentro de los parámetros establecidos como prioridad, y que corresponde al 10 % mencionado con NBI más grave.

Es de destacar, que el departamento mencionado tiene una población adulta que ronda los 45.000 habitantes (datos obtenidos en el censo de 2010), y en esa proporción tiene un déficit habitacional de alrededor del 40 %, este porcentaje está conformado por los distintos ítems de evaluación, que van desde la situación de calle (menos del 2 %) hasta las viviendas que tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI). Además, los últimos datos establecen que para solucionar el problema es necesario construir 2.000 casas.

Respecto a esto, el representante de los trabajadores del Instituto de Vivienda de Corrientes, Juan Arnedo confirmó esto y sostuvo que el problema de la designación de viviendas es “porque se las utiliza electoralmente”.  “Acá lo que pasa es que las casas se utilizan para campaña electoral”, dijo, y cuestionó el vacío legal existente.

“No hay legislación ni reglas claras en esto. Como trabajadores sociales no tenemos reglas claras. Y, lo sorteos se hacen como marketing electoral, porque finalmente, la designación la hace el intendente”, remarcó el gremialista.

Explicó, además, que las casas en el interior provincial se construyen a través de un programa en el que intervienen los intendentes y los funcionarios del Invico. “En estos programas que se hacen con los municipios el Invico pone los materiales y los municipios ponen los terrenos y la mano de obra. La lista de adjudicatarios la toma el Municipio y le dan poca injerencia el  trabajador social, porque el intendente designa a dedo a los beneficiarios”, explicó el sindicalista.

Propuso entonces “preguntarle al Gobernador y al interventor del Invico, Julio César Veglia, quiénes designan a los beneficiarios”.

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