Se requiso nuevamente el hospital San Roque, por orden del juez de la ciudad de Esquina, Gustavo Vallejos en busca de registros de los movimientos de los tres enfermeros implicados. Las pruebas dejan en evidencia que no es una sola vacuna puesta a una persona que no debían acceder, sino que fueron muchas más. El aumento económico de uno de los enfermeros implicados dan sospechas de que hubo más irregularidades. Un dirigente radical señalá que habría un andamiaje de corrupción mayor, ya que la vacuna que viene con los nombres de las personas, no puede ser desviada por un simple enfermero.
El escándalo de las vacunas nuevamente le estalló en la cara al Gobierno provincial, ya que el Gobierno de Juntos por el Cambio tiene el antecedentes ocurrido hace poco cuando el Ministro de Salud Ricardo Cardozo quien se accidento en su vehículo, en el que llevaba 900 vacunas sin las medidas de conservación necesarias. En este nuevo caso se descubrió tres enfermeros que le habrían vendido una vacuna a un Concejal Liberal. Con la denuncia del Director del Hospital San Roque de Esquina se destapó una olla a presión y mostró la falta de controles, o de uso político y monetario, o todo junto. Nadie cree -incluso dirigentes Radicales locales criticaron en medios las irregularidades- que las vacunas que vienen desde Corrientes a esa ciudad con el nombre de la persona beneficiada, sean direccionadas a otra por un simple enfermero que según fuentes de la ciudad, que en los últimos meses mejoró su condición económica de manera abrumadora, camioneta nueva, refacciones en la vivienda de sus padres, cuando solo tenía el trabajo en el Hospital San Roque. Para algunos la pandemia fue una desgracia, pérdida de empleos, fábricas y comercios cerrados, pero para algunos “la crisis fue una oportunidad”, para hacer presuntamente negocios con la necesidad de la gente. Caso similar habría ocurrido con las otras dos implicadas. Por lo que nadie cree que sea solo una vacuna, sino que habría un negociado que deja en evidencia de que hay muchas más. También el Gobierno trata de cerrar en caso en los tres empleados de la salud, “el hilo se corta por lo más delgado”, pero corre el riesgo de que no termine ahí y continué durante la campaña en un año hay elecciones. Ya que hay algo que no cierra por ningún lado.
Los tres están sospechados de haber cobrado entre $7.000 y $15.000 las dosis a personas que incumplían las condiciones para acceder a ellas. Es por ello que se los acusó de los delitos de cohecho y fraude a la administración pública.
El caso fue denunciado a la Justicia por el director del hospital de Esquina, Leandro Ramírez. El médico había sido anoticiado por Marcelo Mayora que había comprado las vacunas y éste le habría reenviado las conversaciones con los enfermeros involucrados.
En estas charlas los trabajadores del hospital habrían ofrecido la vacuna Sputnik V a $9.000 y la sinopharm a $8.000, pero trascendió extraoficialmente que también se había solicitado hasta $15.000.
Es así que el directivo comunicó la situación al fiscal en turno, Gustavo Javier Mosquera quien solicitó la detención de las tres personas involucradas y el allanamiento a sus viviendas, de donde incautaron teléfonos celulares y elementos útiles para la investigación.
