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13 junio 2021

Fuerte cuestionamiento de la Asociación de Mujeres Penalistas a una resolución judicial

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La organización de profesionales advierte serias irregularidades en una causa en la que imputaron a una mujer y a su hija en un crimen. Observaron que un abogado de la Comisión Contra la Tortura aprovecha su cargo para extorsionar a personas detenidas.

Una asociación de abogadas penalistas presentó un recurso para que dos mujeres que fueron acusadas de haber intervenido en un crimen sean liberadas, o que, en su defecto, se les otorgue la prisión domiciliaria mientras aguardan el juicio. La presentación fue realizada por la Asociación de Mujeres Penalistas de la República Argentina, institución que accionó en representación de Sandra Beatriz Martínez y de su hija, Ludmila Zerrizuela Martínez.

Lo que se plantea es que las dos mujeres se hallan privadas de la libertad en prisión preventiva hace tres años y medio “con los plazos de esa medida de coerción, absolutamente vencidos”.

Detención ilegal

Las mujeres fueron detenidas el 10 de diciembre de 2017, acusadas de haber intevenido en el homicidio de Justa Valenzuela, una mujer de 86 años que fue hallada muerta con un crucifijo en la garganta en el cementerio de la localidad de 9 de Julio.

Para la Policía de Corrientes y el fiscal Francisco Antonio Arrué, la intención habría sido quedarse con un inmueble que anciana tenía en la ciudad de Corrientes.

Para la dirigente de AMPA, Mariana Barbitta “jamás se explicó los motivos por los cuales se aplica el inciso 6° del artículo 80 del Código Penal -esto es, un homicidio para ocultar un delito- al sostener que se trata de un homicidio criminis causae: ¿fue para preparar, Facilitar, Consumar u ocultar otro delito?, o por el contrario, ¿estamos hablando de asegurar sus resultados o procurar la impunidad para si o para otro?, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito?”, se preguntó la abogada Mariana Barbitta, representante de la AMPA.

Indicó la abogada que “falta de una descripción clara y precisa del hecho por el cual se ha elevado esta causa a juicio” y agregó: “No se sabe cuál es el hecho 11 concreto que se le imputa a Sandra y Ludmila y su vinculación con la prueba de cargo”.

Ante todo esto, se reclamó al Superior Tribunal de Justicia que analice la situación y libere a las imputadas y remarca “el excesivo plazo que llevan las imputadas detenidas y en la medida que lo resuelto implica una vulneración de derechos y garantías constitucionales que causan un gravamen de imposible reparación ulterior”.

Esta situación, además, “vulnera los derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso legal, fundamentalmente el principio de inocencia de Sandra Martínez y Ludmila Zerrizuela Martínez, lo cual constituye también una causal de arbitrariedad”.

Las mujeres aguardan el inicio del debate que está programado para el 18 y 19 de mayo. Serán representadas por un abogado oficial.

En las presentaciones realizadas en instancias de apelación, la defensa sostuvo que las no habrían estado en el lugar del crimen.

Pero, luego, otra circunstancia afectó a la madre y a su hija. Es que un abogado del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, privó de la libertad al hijo menor de Sandra Martínez para presionarla a fin que ella le ceda sus inmuebles.

Es aquí cuando las mujeres fueron asistidas por la abogada Andrea Quincose Villalta, quien advirtió que “durante el tiempo en que están detenidas ilegalmente, fueron víctimas de extorsión y torturas”.

Daniel César Almirón había sido condenado por asalto a mano armada.

La letrada impulsó una presentación a raíz de los hechos que involucran Daniel César Almirón un abogado que había sido condenado por asalto a mano armada y se había fugado de la Cárcel Penitenciaria de Resistencia, donde cumplía una condena de 12 años.

Ya en libertad, fue incorporado como representante del organismo vinculado a la Legislatura Correntina al ser referente de la fundación “Amaneceres de Esperanza”

Desde su lugar como integrante del Comité Provincial contra la Tortura de Corrientes prometió a Martínez sacarla en libertad a cambio de un pago, pese a que la institución trabaja en forma gratuita.

Debido a que ella se negó a firmarle la sesión de sus bienes, éste buscó al hijo menor de ella, de 12 años, a quien lo privó de la libertad en “Amaneceres de Esperanza” hasta que la mujer accedió a desprenderse de un terreno de 11 hectáreas en el barrio Santa Rita de la ciudad de Corrientes.

Ahora Almirón está procesado, pero libre. Su víctima sigue detenida y denuncia irregularidades en la causa.

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