Por: Marcelo Burchiski
Periodista
Desde 2020 tomó trascendencia la cantidad de granos de soja y maíz que son enviados a países limítrofes con maniobras de contrabando. Los grandes empresarios allegados a los grupos hegemónicos, obtienen grandes ganancias a costa de los intereses del país. La trata de personas, una consecuencia de la evasión.
El Gobierno Nacional había informado en febrero pasado que se había incautado soja por más de $123.000.000, en cargamentos que estaban por ser enviados de contrabando a Brasil.
El motivo, es que en aquel país, la tonelada de soja se paga a 500 dólares la tonelada, mientras que en nuestro país la misma cantidad se obtiene 350 dólares, al cumplir con las cargas tributarias.
La diferencia está en que, al sacar los productos de contrabando se evade todo control tributario y sanitario. En términos simples, se cobra dinero en negro.
Los responsables de estas maniobras son grandes productores, pero también empresas internacionales que están afincadas en territorio argentino, pero que se niegan a pagar impuestos, causando así un grave daño a la economía.
Pero, estas acciones ilegales no significan solamente que se priva al Estado de obtener recursos económicos para el desarrollo de gestiones gubernamentales, sino que son, en términos concretos y tangibles, se priva a los ancianos de aumentos en la jubilación; a los niños, de mejoras en la Asignación Universal por Hijo; a las familias de acceso a las ayudas económicas extraordinarias; a los centros de salud de vacunas y materiales para que los médicos puedan asistir a quienes padecen enfermedades y carecen de recursos económicos.
Quienes realizan estas acciones ilegales tienen sus plantíos en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos, pero las maniobras delictivas se las descubre en las provincias de Misiones y Corrientes, en la frontera con Brasil.
Llamativamente, en seis meses se incautaron en Misiones 300 camiones cargados de soja. Los secuestros fueron realizados por policías provinciales y fuerzas de seguridad nacional. La cantidad representa un total aproximado de 9.600 toneladas, lo que equivalen a 3.300.000 dólares a precio argentino.
Estos camiones llegaron a esa provincia luego de pasar por Corrientes, donde en el mismo período incautaron 20 camiones, todos en procedimientos realizados por fuerzas federales.
Las circunstancias no son casuales. Tienen que ver con modelos de gobierno distintos, donde casa administración asume responsabilidades distintas en el cuidado del patrimonio público.
Mientras que en Corrientes, el Estado provincial no se inmiscuye en cuestiones de contrabando a gran escala, al contrario, fomenta las prácticas lindantes a lo ilegal para beneficiar a grandes corporaciones. No más basta tomar como ejemplo el intento de construir una represa en los Esteros del Iberá para desviar el agua de un río hacia plantaciones de arroz pertenecientes a empresarios del Grupo Clarín y al magnate George Soros.
La excusa de Corrientes es que los delitos de índole federal son de exclusivo interés del Estado Nacional, la Justicia Fedeal y las fuerzas nacionales.
En cambio, en Misiones, la lógica es distinta. “Si existe evasión impositiva se priva al Estado nacional de los recursos que luego deben ser coparticipados entre las provincias. El contrabando genera un grave daño a las economías provinciales porque se les priva de recursos”, explicó Rodrigo Vivar, titular de la Agencia Tributaria Misiones quien cuenta con el abogado libreño Sebastián Vidoni como uno de los funcionarios que se aboca a bloquear estas acciones ilegales.
Con esta lógica, agentes de la Administración Federal de Ingresos Púbicos y la Policía de Misiones intervienen en forma conjunta en controles de ruta para hallar estos camiones. El resultado es el inicio de 40 causas federales por contrabando de soja en los Juzgados Federales de Oberá y Posadas.
Estas acciones permitieron además descubrir una cadena de delitos concurrentes que son cometidos por quienes intervienen en la cadena de responsabilidades.
La primera ilegal es la compra de documentos falsos para simular que las cargas de soja fueron compradas por personas -físicas o jurídica- de la provincia de Misiones o de Corrientes o bien, que esos granos están destinados a la exportación por un paso fronterizo habilitado.
En esta acción intervienen generalmente funcionarios inescrupulosos de la Dirección de Aduanas que facilitan los formularios y los precintos con los que son asegurados los camiones para evitar que se los revise en las rutas.
También intervienen estudios jurídicos que asesoran a los dueños de las cargas para evitar que se les quite la mercadería, dándoles herramientas legales para cubrirse ante un allanamiento.
Quienes alquilan sus terrenos ubicados al costado del río, para acopiar los granos, son cómplices, pero también víctimas de la necesidad ya que por lo general se trata de pequeños productores que sumidos en la pobreza acceden a recibir unos pocos pesos por sus galpones.
Y, al final de la cadena se contratan a personas en extrema vulnerabilidad para que carguen y descarguen los porotos de soja en las barcas improvisadas con las que se llevan las bolsas a Brasil. Trabajan hasta 15 horas por día, en negro, por fuera de cualquier control estatal, por una paga mísera. El hecho podría constituir el delito de trata de persona con fines de explotación laboral.
Es por ello que, el problema que se muestra en los medios como un inconveniente de la macro economía, en la realidad es una concatenación de hechos delictivos graves que, en ocasiones, cuenta con la complicidad de funcionarios etatales y que perjudica en forma directa e indirecta a los ciudadanos.
Lo grave es que los funcionarios judiciales federales conocen los detalles, pero no buscan determinar responsabilidades. Y con investigaciones parciales, la acción de la Justicia es una pantomima y el contrabando, la evasión y los delitos conexos, siguen. Aumentan.
*Texto publicado en el semanaro La Voz de Libres
