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24 octubre 2021

Enjuiciarán a Policías Aeroportuarios que están acusados de lavado de activos

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Usaban tarjetas de débito de terceros para comprar dólares en el exterior sin declarar.

El titular de la Fiscalía Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, le solicitó la jueza federal de esa jurisdicción, Zunilda Niremperger, la elevación a juicio de una causa en la que se investiga a una banda, integrada por ocho personas, que habría realizado maniobras ilícitas de lavado de dinero proveniente de los delitos de intermediación financiera no autorizada y contrabando de importación de divisas.

La organización habría funcionado entre 2012 y 2015 ingresando dinero desde Paraguay a través de las cuentas personales de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y de la compra de bienes registrables, en su mayor parte vehículos de alta gama. El monto total de dinero lavado alcanza una suma de casi 80 millones de pesos, concretamente $79.621.323.

Para la fiscalía, la organización tuvo un “carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional” tendiente a dar apariencia de licitud a ganancias de procedencia ilícita.

El caso

La investigación se inició en septiembre de 2014, cuando la Sucursal Resistencia del Banco de la Nación Argentina advirtió un importante número de operaciones de depósitos en caja de ahorro -que en ese entonces se efectuaban por “boca de caja del banco”- y compras en el exterior por el mismo monto mediante débito automático. Cuando se les solicitaba a los titulares declaración jurada del origen lícito de los fondos, acompañaban, en varios casos, contratos de mutuo -préstamo de consumo de dinero en efectivo- a nombre de Miguel Strzyzowski.

A través de la investigación llevada adelante por la fiscalía, se pudo advertir que las maniobras desarrolladas habrían consistido en la puesta en circulación de importantes sumas de dinero en el circuito bancario a través de depósitos en cajas de ahorro de clientes del Banco Nación y otras entidades bancarias, como la adquisición de otros bienes, en su mayoría, vehículos de alta gama.

Para esto, cada miembro de la banda contó con un rol específico y distintos grados de intervención a efectos de concretar el lavado de activos a gran escala.

En el esquema financiero pergeñado, se realizaban depósitos de dinero en efectivo por sumas consecutivas de aproximadamente 40 mil pesos en cajas de ahorro de diversas personas, a partir de los cuales dichas sumas ingresaron al circuito legal bancario y al patrimonio de sus titulares en proporciones que no se condecían con su capacidad económica.

Paralelamente, la banda se encargaba de realizar compras en el exterior con débito automático por los mismos montos dinerarios, lo que en realidad constituía un “ropaje” para la compra o adquisición de dólares estadounidenses, que posteriormente eran ingresados al país desde el Paraguay para su venta a la cotización de dólar libre o blue. Los montos obtenidos en pesos volvían a inyectarse en las cuentas bancarias. Este circuito ilegal, sostuvo la fiscalía, generaba un importante margen de ganancia ilícita que se verificó a lo largo de la comisión de la maniobra investigada.

De acuerdo a las pruebas de la investigación, la fiscalía acusó a Rodolfo Borda y Miguel Strzyzowski de liderar esta organización en forma conjunta. Según el requerimiento de elevación a juicio, ambos dirigían las operaciones, asumiendo tareas preponderantes de planificación, coordinando el modo, tiempo y lugar de las maniobras, y proveyendo los fondos dinerarios y la logística – vehículos y documentación- para llevar adelante las acciones ilícitas.

Los dos hombres fueron acusados por lavado de activos agravado por asociación ilícita en calidad de autores. Mientras que María Alegre, Víctor Hazzi, Juan Freccia, Alfredo Alegre, Bettiana Borda y Cintia Bordón fueron acusados por los mismos delitos en calidad de partícipes necesarios.

El desarrollo de la investigación permitió establecer diversas etapas. En primer lugar, se pergeñó una maniobra de captación de personas de bajos recursos que poseían cajas de ahorros en distintas entidades bancarias, generalmente aquellas en las que se les depositaba haberes, becas, asignaciones universales por hijo y planes sociales, etcétera. Estas personas, a cambio de una suma de dinero, entregaban sus tarjetas de débito, facilitando así el uso de las cuentas.

Una vez obtenido el uso de las cuentas bancarias, efectuaban los depósitos de dinero en efectivo, en  pesos argentinos, en las distintas cajas de ahorro en montos que individualmente no superaban los 40 mil pesos, para dificultar su detección por el sistema financiero. Esta maniobra recibe el nombre “Smurf” y es utilizada comúnmente en el marco del delito de lavado de dinero.

Posteriormente se efectuaba la descarga de dichos fondos en negocios de la República del Paraguay -tanto de la ciudad de Asunción como Encarnación- bajo el ropaje de supuestas compras de bienes con tarjeta de débito, cuando en realidad distintas casas de cambio alquilaban posnet a los comercios para pasar la tarjeta de débito y entregaban el dinero o divisas en efectivo, cobrando una comisión.

Finalmente, siempre de acuerdo a los elementos de prueba reunidos en la pesquisa, la organización trasladaba el dinero de manera física a la Argentina, a partir de lo cual habrían obtenido un importante margen de ganancias ilícitas producto de su venta en el mercado negro a la cotización del dólar blue en ese entonces.

Esas maniobras fueron consideradas por el fiscal Sabadini como los delitos precedentes al lavado, que calificó como intermediación financiera no autorizada y contrabando de importación de divisas.

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