Una precandidata a jefa comunal asegura que la Policía recibió órdenes de acosarla y hasta de “armar” una causa en su contra.
En medio de la pandemia de coronavirus, una intendente de Eco+Cambiemos utiliza los recursos del Estado para perseguir a sus adversarios políticos en actos que son denunciados como ilegales y arbitrarios.
El caso ocurre en la localidad correntina de San Carlos donde Nancy González una vecina de la ciudad, acusa a la jefa comunal de esa localidad, Graciela Larraburu de acosarla con la policía debido a que esta última pretende presentarse como candidata a intendente en las próximas elecciones.
Asegura que, para ello, Larraburu utiliza de forma retorcida la normativa que tiene como fin establecer restricciones para evitar contagios de coronavirus. Esto lo hace a través del Comité de Crisis local, integrado por ella, el Comisario del pueblo y un médico de la sala de primeros auxilios de la localidad, ya que carece de hospital.
El hecho que denuncia Nancy González ocurrió el pasado viernes 30 de abril, cuando en el kiosco 24 horas ubicado en la esquina de Pedro Molas y Alberdi de esa localidad que es propiedad de González, llegó la Policía y encontró que fuera del local había cinco clientes.
Debido a esto, los efectivos, de oficio, cerraron el local comercial al tiempo que dispersaron a los clientes.
En ese procedimiento la señora González estaba ausente, ya que se encontraba en el interior de la vivienda y en el local se hallaba una empleada.
Ante esto, los efectivos policiales interpretaron que se había violado el artículo 205 del Código Penal que sanciona las acciones que pongan en riesgo a la salud pública.
Lo llamativo de esto es que para actuar de esta forma se sustentaron en una disposición de la intendente Graciela Larraburu quien, sin autorización del Gobierno Provincial estableció la prohibición de circulación en el pueblito de unos 4000 habitantes ubicado al Norte de la provincia de Corrientes.
El caso fue llevado la Justicia, donde González, con el patrocinio del abogado Juan Arregín presentó una denuncia por las arbitrariedades y por la arbitrariedad ejercida por los efectivos policiales.
En su cuenta de la red social Facebook, González denunció: “Quiero hacer pública la persecución política que vivo desde que comenzó la pandemia”.
“Hicimos inversiones en el pueblo donde damos trabajo a los vecinos, tenemos todos los servicios y los impuestos pagos, pero parece que esto les molesta”, indicó en relación a la intendente Larraburu.
Acusó entonces de haber sido víctima de una arbitrariedad al sostener que “el comité de crisis local no puede tomar disposiciones sin el aval de las autoridades provinciales. No puede cambiar de fases de en la pandemia, porque esa es una atribución del Gobernador”.
Sostuvo, además, que los numerarios policiales evitaron identificarse y que habían afirmado que “fueron enviados por la intendente”.
Agregó que “junto a mi abogado llegaré a las últimas consecuencias. Las costas serán pagadas, por la difamación daños, perjuicios y el daño moral que me causaron y el daño psicológico que le causaron a mi hija menor, quien se asustó al ver el despliegue policial. Dejaron con una mala imagen mi local que abrí hace muy poco y jamás pasé una situación parecida a esta”.
Por último, sostuvo que el hecho policial tuvo como disparador sus intenciones de presentarse como candidata a intendente del pueblo, lo que implicaría que deba enfrentar a las urnas a Larraburu. “Se preocupan por dañar mi imagen e imputarme para que yo no sea canidata”, afirmó.
El abogado Juan Arregín, por su parte, afirmó que iniciará un trámte judicial en Santo Tomé, debido a que se avasallaron los derechos de su clente y que, además, en el caso hubo abuso de autoridad.
