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Corrientes
20 octubre 2021

Imputan a un empresario por la explosión de una caldera que mató a un obrero de 23 años

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Martín Duhalde está acusado del delito de homicidio culposo por la muerte de un empleado de su frigorífico. La querella pidió que se agrave la carátula de la causa a homicidio simple.

En el marco de las investigaciones en torno a la muerte de Joel Rodríguez, el empleado de un frigorífico de Curuzú Cuatiá que murió al explotar una caldera del lugar en el que trabajaba, la Justicia correntina imputó al dueño de la firma, Martín Duhalde, por el delito de homicidio culposo.

El empresario, vinculado al Gobierno de Corrientes, es investigado por su responsabilidad en la falta de cuidado y mantenimiento de las instalaciones, pese a estar advertido de los peligros de esta situación.

En la jornada del 28 de abril Duhalde fue citado a declarar en carácter de imputado, en una audiencia que se realizó en la Fiscalía de Instrucción de esa ciudad.

Lo hizo con la asistencia de los abogados que lo representan, Marcelo Hanson -en forma presencial- y Nelson Pessoa, quien participó de manera remota.

En tanto, la querella estuvo representada por Enrique Tsotson quien asistió en forma presencial y Sonia López, de manera remota.

En esta audiencia, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer a las partes las pruebas de cargo y los hechos de los que está acusado el imputado, Martín Duhalde.

Entonces se estableció la calificación penal de homicidio culposo por negligencia en relación a la muerte de Joel Rodríguez.

En tanto, los abogados que representan a la familia de la víctima pidieron que se lo acuse del delito de homicidio Simple con comisión por omisión, que supone una pena más elevada.

Ahora se deberá analizar las circunstancias para establecer una acusación definitiva, aun que tanto la fiscalía como la querella referencias a tipos penales por delitos graves.

“Las pruebas presentadas por la Fiscalía son numerosas y apabullantes, y el imputado se abstuvo de declarar en esta oportunidad”, dieron a conocer los abogados de la querella.

Los letrados indicaron, además, que “a partir de este acto podremos disponer desde la querella las audiencias que sean necesarias, estudiar todas las pruebas recabadas y presentar las pruebas que puedan faltar que nos permitan llegar al Juicio que la comunidad espera”.

“Sostenemos el compromiso diario de trabajar sin descanso para llegar a la verdad y lograr la condena que corresponde a los responsables de esta desgracia que sufre una familia y todo un pueblo”, indicaron Sonia López y Enrique Tsotson.

Joel Rodríguez tenía 23 años. Murió el 25 de enero de 2021 después que la caldera del frigorífico Duhalde, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 126 en Curuzú Cuatiá.

El siniestro ocurrió a las 16.30, y en hecho en el que también resultaron heridos diez obreros, quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Los obreros denunciaron que el estado de las instalaciones era deplorable y que habían dado a conocer la situación a los empresarios, pero hicieron caso omiso a las advertencias.

Luego del hecho llegó la Policía y cerró el ingreso al lugar. El cadáver del joven fue llevado en una camioneta de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá hacia el hospital, y los familiares denunciaron que los efectivos policiales lo “ocultaron” para proteger a los empresarios.

La pareja de Rodríguez declaró ante la Justicia y dijo que los trabajadores sabían que era inminente la explosión de la caldera.

Los empleados que dieron cuenta de la situación y denunciaron que la explosión fue a raíz de la desidia de los empresario, fueron despedidos luego del siniestro.

Lorena Cabrera sostuvo, que “Joel sabía que iba a pasar esto, porque conocía del mal estado de las maquinarias y la caldera. Él me decía y me pasaba fotos, esta caldera está mal, en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Yo tengo las pruebas en el celular. Joel le había advertido al propietario y este le contestó que había que gastar mucha plata. No quería invertir. Ya tenía varias soldaduras”.

Las pruebas que aportaron derivaron en la imputación del empresario, propietario de la firma quien tiene fuertes vínculos con el gobierno local y provincial.

Esta planta fabril estaba paralizada y fue reactivada con apoyo financiero del Gobierno correntino. Desde entonces no se habrían realizado mantenimientos, lo que derivó en la tragedia.

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