Frankli Vargas Pedroza y Juan Manuel Ortiz deberán responder por haber creado toda una organización criminal que operaba desde la ciudad de Curuzú Cuatiá, que se expandia a toda la provincia, Entre Ríos y pero que tenía su centro de operaciones en la localidad bonaerense de Bahía Blanca. La Corte Suprema de Colombia autorizó su extradición a ese país.
La Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición Frankli Vargas Pedroza y Juan Manuel Ortiz, dos colombianos que desde Argentina montaron todo una organización delictiva que giraba en torno al conocido negocio ilegal de los préstamos a ‘gota a gota’.
La justicia argentina detalló en sus investigaciones que estos colombianos efectuaban una suerte de micropréstamos a personas de bajos recursos dentro de la localidad de Curuzú Cuatiá, y zonas aledañas dentro de la provincia Corrientes. Sumado a ello, también harían las veces de vendedores de mobiliarios para el hogar, los que eran ofrecidos a través de similar mecánica de crédito, con el objeto de conformar una posible “pantalla” para la actividad ilegal, hechos que tuvieron su origen en 2011, momento en que ingresan a ese país.“Se trata de microcréditos cuya tasa de interés puede llegar a quintuplicar a la de las entidades financieras o tarjetas de crédito, con cancelación exigible en cuotas diarias, señales o mensuales y nulos requisitos de acceso. Los intereses que manejaría la organización se yuxtaponen al 30 % o 40 % cada cuatro semanas”, explica el proceso judicial que adelanta Argentina.
Frankli Vargas Pedroza al parecer era el jefe dentro de la estructura piramidal –integrada en su gran mayoría por personas de nacionalidad colombiana- con objetivos netamente lucrativos y violencia de mano. Este colombiano nacido en Agustín Codazzi (Cesar), sería el “patrón” de cobradores en localidades Correntinas como Bella Vista, Curuzí, Cuatiá , Mercedes, de los conocidos ‘gota a gota’.
La investigación también detalla que los intereses que manejaría la organización sería del 30 o 40 por ciento cada cuatro semanas. Dicho de otro modo, por cada mil pesos debían devolverse mil trescientos pesos en veintiocho días aproximadamente. Por lo que, haciendo una proyección anual, se trataría de aproximadamente de un interés del 400 por ciento.
El objetivo de la organización criminal era claramente generar interés sobre el interés en miras a mantener la deuda de manera permanente, ya que usualmente sumarían cuotas para subsanar la mora, lo que desencadena un interés más alto aún.“En caso de incumplimiento o mora en el pago, los cobradores concurrirían a los domicilios de los clientes golpeando puertas, a fin de extorsionarlos, proferir amenazas, provocar todo tipo de daño en los bienes, lesiones en los clientes, lo que incluiría maltrato a niños o personas de avanzada edad”, señala el proceso.
Tales conductas fueron adecuadas típicamente por la autoridad judicial Argentina de la siguiente manera, de acuerdo con el Código Penal de dicho país:
Usura agravada por la habitualidad con una pena de prisión de tres a seis años, y la multa de quince mil pesos a ciento cincuenta mil pesos, si el autor fuere prestamista o comisionista usuario profesional o habitual. Mientras que será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación.
La justicia argentina pidió circular roja de Interpol para dar con el paradero de estos dos integrantes de la banda criminal. La Policía colombiana capturó a Vargas Pedroza el 31 de enero de 2020 mientras que Juan Manuel Ortiz fue detenido por circular roja de Interpol el 6 de febrero de 2020 en Florida (Valle).
