El juez de Cámara de Paso de los Libres, Gustavo Ifrán denunció amenazas y ahora investigan el caso.
Una bala puesta en el escritorio del juez del Tribunal de Juicio de Paso de los Libres, Gustavo Ifrán, generó revuelo y activó una investigación para dar con el autor de lo que se considera una amenaza de muerte.
El hecho ocurrió el viernes a la mañana cuando el magistrado llegó a su trabajo en la calle Madariaga 614 y encontró una bala calibre 22 en su oficina. Estaba puesta en su escritorio, en posición vertical y visible desde la puerta.
“Lo que había es una bala calibre 22 con punta hueca que estaba en el despacho del magistrado, hecho que fue denunciado oportunamente y se orientó una investigación que está en la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones”, informaron ayer fuentes del Ministerio Público Fiscal.
Tras la denuncia se dio intervención a la fiscal Noelia Lena quien ordenó fue hacer registros fotográficos, la inspección del lugar y la toma de declaraciones de los guardias que trabajaban en la custodia del edificio
Al mismo tiempo, el Presidente del Tribunal de Juicio, Marcelo Fleitas, ordenó a las autoridades policiales de la Comisaría Primera de esa ciudad que refuercen las medidas de seguridad en las instalaciones del Tribunal y la Unidad Fiscal de Investigación.
Todavía se carece de indicios respecto de las causas que pudieron haber dado origen al mensaje de tinte mafioso que recibió Gustavo Ifrán. El magistrado dijo ayer “estoy bien, refugiado en la familia y estoy tranquilo. Cuestiones como estas son parte de la función, recibí muestras de solidaridad de toda la sociedad”.
La autoridad judicial aclaró que “no tenemos indicios del origen de esto. Manejamos un sinnúmero de causas en el tribunal, no podemos decir si existe puntualmente alguien involucrado. No sabemos de dónde pudo haber venido esto y que pretendieron”.
“No tengo miedo ni problemas con nadie, pero esto es un hecho que desde lo institucional es muy grave, afecta a las instituciones”, sostuvo el magistrado.
Lo que llama la atención es la desidia del Colegio de Magistrados respecto del caso y la inacción de la Justicia para resolver situaciones en la que están en riesgo la vida de los jueces y la estabilidad de las Instituciones republicanas.
Fuentes cercanas a esta institución que representa funcionarios y jueces correntinos aseguraron que no hubo comunicación oficial respecto del caso y que no se tomó medida alguna tras la amenaza al juez Ifrán.
Ya son siete los jueces amenazados en un lapso de cuatro años.
En 2017, el Juez de Instrucción de Esquina, Gustavo Vallejos había denunciado que una persona -cuya identidad no trascendió por razones de seguridad- se le acercó cuando se dispo¬nía a ingresar a su domicilio y le informó sobre una supuesta confabulación para darle muerte.
El hecho fue porque el magistrado investigaba a dos hermanos son policías y robaban vacas de los campos cercanos a la localidad de Pueblo Libertador.
En lugar de investigar estos hechos, la Justicia protegió a los efectivos que estaban vinculados a una diputada de Cambiemos y pusieron en dudas la denuncia del juez. Finalmente, quedó todo acreditado, pero nadie fue detenido ni demorado por amedrentar a una autoridad judicial.
Luego, en febrero de 2020, Mariel Méndez Ribeiro, jueza de Paz de La Cruz denunció que violentaron su vehículo e ingresaron a su casa para amedrentarla y sospechaba que fue por su intervención en una causa por abusos que padeció un menor con capacidades diferentes en esa localidad.
En el caso también esta involucrado un ex policía. Este tenía atado de pies y manos a una cama, a su hijo con discapacidad. El chico era abusado sexualmente y sometido a torturas corporales. Este imputado amenazó a la jueza. No fue preso.
Tal vez inspirados en eso, en Loreto, desconocidos causaron destrozos en el auto de la jueza de Paz, Analía Soledad Marqués. La magistrada aseguró que el ataque “evidentemente tiene que ver con mis funciones porque no fue un ataque al azar, ni desconociendo la propiedad de mi auto”.
Acusó a un hombre que había sido encausado por hechos de violencia de género.
Luego, en mayo de 2020 en Curuzú Cuatiá, la asesora de Menores local, María del Carmen Trombotto Jramoy; al juez de Instrucción, Martín Vega; y a la magistrada Cristina Rodríguez de León, titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esa ciudad. Además, una comunicadora local, Azucena Cáceres de Grebe también fue intimidada.
El caso tendría relación con el homicidio del terrateniente Ramón Atilio Güenaga, asesinado a los 80 años en la madrugada del 17 de agosto de 2011.
Los asesinos entraron a su estancia Flor de María -ubicada a las afueras de la ciudad de Curuzú Cuatiá, al Sur de la Provincia de Corrientes- y mientras dormía lo mataron a golpes en la cabeza.
Su esposa Isabel Farinon, entonces de 67 años, también fue atacada por los maleantes quienes la torturaron hasta que develó donde su marido guardaba dinero.
La Justicia dispuso que Farinón, como esposa del fallecido, reciba la mitad de todas las posesiones y la facultó a supervisar el manejo de los bienes heredados por su hijo, con la asistencia de un curador porque es discapacitado.
Tras esto, la nuera, Alejandra Flores y su hija reclamaron su parte, basadas en que el padre de la muchacha era incapaz de administrar su fortuna. Para ello, Flores ya estaba en pareja con un ex empleado de Güenaga, Gabriel Canteros.
En este contexto se dieron las amenazas y lo que se pudo comprobar la División de Delitos Informáticos de la PFA que los teléfonos usados para tales amenazas pertenecían a Alejandra Flores y a su hija. El último teléfono secuestrado pertenecería a Gabriel Canteros.
