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Corrientes
6 julio 2022

Represión de la policía de correntina en barrios humildes durante los operativos por la pandemia

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Mientras que en los sectores más pudientes, por ejemplo que se reunieron en un torneo de Rugby el fin de semana en capital, donde se aglomeraron miles de personas, solo se identifico a los presentes dándole el derecho que a los ciudadanos de los barrios periféricos no se les reconoce. Ahí no hubo balas de goma, represiones, detenciones ilegales como las que sufrieron algunas familias que estaban en una plaza tomando mates. La denuncia fue realizada por la Asociación Trabajadores del Estado Corrientes.

La Asociación Trabajadores del Estado ATE Corrientes denunció que el Gobierno ejecuta un plan de “represión selectiva y detenciones ilegales ordenaos por el Gobierno de Corrientes”  en barrios postergados de la capital y ejecutadas por grupos de tareas de la Policía Provincial.

Los hechos se habrían presentado el pasado fin de semana en barrios populares de la Capital como Juan XXIII, Patono, Quilmes, Caridi, Arazaty, San Marcos, Mil Viviendas, Laguna Seca, 17 de Agosto y otras comunidades, denunciaron. Mientras el Valdés mantiene en su discurso una postura de una supuesta apertura de las actividades ante las medidas del Gobierno nacional para evitar el avance. Pero una ´apertura´ que es solo para los sectores más pudientes, “hay una doble vara”.

En una nota firmada por el titular de la entidad, Feliciano Romero dieron a conocer que “estas acciones ilegales ejecutadas por el Estado Provincial se concretaron el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril contra jóvenes y familias completas en calles, veredas, parques, canchitas y espacios comunitarios en los barrios”.

Indicaron que los ataques fueron justificados en “evitar la circulación social por la actual situación epidemiológica de la ciudad de Corrientes”.

Esto, según sostienen, “revela graves incoherencias, delitos cometidos por el Estado y casos de doble vara según la pertenencia social y el patrimonio de las personas”.

“Que el brazo armado del Estado Provincial descargue su furia represiva con balas de goma, gases, golpes, persecuciones y detenciones ilegales contra jóvenes y familias en los barrios; solo visibiliza el odio que sienten contra las clases populares”, denunciaron.

Compararon la situación con otra, ocurrida en un espacio donde se desarrollaba un partido de rugby, deporte del que participan las clases sociales mas altas. “En esos mismos días decenas de miles de personas se aglomeraron -sin los más mínimos cuidados ni controles sanitarios- en torneos de Rugby (Estadio San Patricio), ligas profesionales de futbol (torneos de abogados y contadores), carreras de caballos (Santa Rita y Santa Ana); centros comerciales (Shopping), saladas de juego (Casinos) o encuentros sociales multitudinarios financiados por el Gobierno Provincial y bajo la protección de la Policía Provincial. 

Hay una doble vara en el accionar del Estado. Y la diferencia solo está dada por la representación social y el patrimonio de unos (los reprimidos) y otros (los privilegiados)”, denunciaron.

Recordaron que la ciudad de Corrientes se encuentra en Fase 5 de la Aspo, lo que implica libre circulación social. Sin embargo, advirtieron que “no hay normativa legal que avale las acciones represivas, las persecuciones y detenciones ilegales cometidos por la Policía Provincial en los barrios populares”.

Es por esto que recomiendan al Gobierno “reconocer el estado epidemiológico crítico de la Capital y su fracaso en la gestión de la pandemia. Debe tomar las medidas sanitarias y dictar las normativas que correspondan, ejercer control para que las respeten todos por igual; los pobres y los ricos; los barrios populares, las canchas de rugby y los casinos pero sin ejercer violencia institucional”.

“Repudiamos que la pandemia sea utilizada como excusa para crear guetos de exclusivos sociales, violar derechos humanos consagrados y cometer -desde el Estado- arbitrariedades motivadas por el odio contra las clases populares”, dice el comunicado.

Y, en esta marco aseguran: “ La exclusión social, que afecta a más del 50% de correntinos y correntinas, tampoco se resuelve con represión estatal”.

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