El Gobienro correntino quitó el manejo de los seguros de vida a dos empresas y se las entregó a una firma vinculada al macrismo. Autorizó además, un aumento de 3600% en las cuotas que pagan los empleados estatales.
Una publicación de Prensa On Line generó revuelo en la Cámara de Diputados de Corrientes y desnudó los negociados que realiza el Gobierno provincial a espaldas de las instituciones y los ciudadanos con medidas “exepcionales” justificadas con la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
El hecho es la entrega del manejo de los seguros de vida de los empleados estatales a una empresa vinculada con un testaferro de Mauricio Macri, por medio de mecanismos reñidos con la normativa.
La designación fue realizada en octubre, pero sin que se comunique de tal decisión a la Legislatura, los gremios y a los beneficiarios de los seguros de vida obligatorio.
La maniobra además, supone una connivencia con los ministros del Poder Judicial que conocían la contratación sin licitación, pero no investigaron porqué el Gobierno se saltó todos los pasos legales para realizar el acuerdo.
El caso ya había sido denunciado en la Cámara Baja en 2020, pero los legisladores de Cambiemos se levantaron de su banca y retiraron el quórum para tratar la cuestión.
El martes pasado, a seis meses de conocerse la negociación entre el Gobierno de Corrientes y la firma perteneciente a Marcelo Midlin, el Bloque del Frente de Todos presentó nuevamente un informe que solicita informe al Ejecutivo Provincial por la contratación directa y suba del 3.600% en el costo de los Seguros de Vida para los agentes estatales provinciales también fue enviado a comisiones.
“Es un negocio redondo tenerlos adjudicados de manera directa, con el consentimiento y la intervención necesaria del gobierno de Corrientes. Afecta de manera directa a la totalidad de los empleados estatales correntinos”, denunció el legislador del Partido Justicialista, Félix Pacayut.
Y remarcó que debido a la falta de información, los empleados estatales de los tres Poderes del Estado -incluyendo legisladores, funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo- recibieron la noticia de que habían sido incorporados a la nómina de asegurados por Orígenes, cuando revisaron los detalles de los descuentos realizados en sus haberes.
