El juez federal de la ciudad de Corrientes, Juan Carlos Vallejos citó a declara al ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila y a su ex secretario penal, Pablo Molina como imputados en una causa en la que se los investiga por la presunta venta de vehículos incautados.
En el mismo proceso están involucrados otros dos funcionarios judiciales, uno de los cuales rindió para acceder a un cargo de juez, y de un grupo de abogados chaqueños y correntinos sospechados de intervenir en las maniobras.
El magistrado titular del Juzgado Federal 2 de Corrientes, convocó a declarar a los diez imputados en audiencias previstas entre el 4 y el 11 de mayo, en el contexto de la causa 5.262/2016, por “falsificación ideológica, cohecho y estafa procesal”.
Puntualmente lo que se les imputa es fraguar documentos públicos para entregar en forma irregular a terceros, vehículos de alta gama que estaban secuestrados en el marco de investigaciones por narcotráfico y lavado de activos.
Quienes recibían estos automotores supuestamente pagaban una suma de dinero y a cambio recibían el rodado con un permiso de circulación y de utilización.
La investigación comenzó en 2016, cuando se descubrió cuando el fiscal federal Flavio Ferrini descubrió que se había librado la entrega de un rodado tras una audiencia a la que no había sido citado.
Entonces advirtió también que en el mismo proceso habían citado a un hombre que había entregado un auto en una concesionaria para venderlo, pero cuando se lo consultó nuevamente, éste dijo que nunca había sido citado a declarar y que desconocía la situación.
Ante esto, el fiscal general federal de Corrientes, Carlos Schaefer y el fiscal Flavio Ferrini solicitaron investigar a Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarias Issolo, a los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández quienes intervinieron en la maniobra.
Lo que se busca establecer es si -de forma organizada y mancomunada- realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar un vehículo Mercedes Benz 997-C250 que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez, quien fuera procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, para lo cual utilizaba la concesionaria RRVIP para blanquear el dinero ilícito.
En junio de 2016, Fernández sostuvo haber adquirido el referido vehículo de buena fe, por lo que inició -a través de sus abogados Agnello y Barboza Galeano- un incidente de entrega de bienes registrables en la secretaría a cargo de Molina, con la intervención del sumariante Issolio, con el fin de recuperarlo.
Entonces, la fiscalía le solicitó al juez Soto Dávila que citase a declarar al ex dueño del vehículo, Fernando Gauto, y a Fernández, el comprador. Pero la abogada Agnello se presentó nuevamente y pidió una serie de audiencias, las cuales fueron fijadas sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal.
Según el expediente, Gauto y Fernández antes de ser notificados comparecieron “espontáneamente” en el Juzgado.
Como los fiscales no estuvieron presentes en esas audiencias, los fiscales iniciaron una serie de medidas investigativas, que incluyeron peritajes grafológicos y una rogatoria a la titular de la Fiscalía Federal de Eldorado (Misiones), donde reside Gauto.
Tras esto, la fiscal misionera, Lilian Delgado, entrevistó a Gauto, quien negó haber declarado ante la justicia correntina, como así también desconoció la firma que figuraba en su declaración.
También los fiscales Schaefer y Ferrini pidieron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) respecto a la capacidad adquisitiva de Fernández, quien figura como monotributista, siéndole imposible justificar la adquisición de un Mercedes Benz como el que pedía que le restituyeran.
En base a las pruebas recolectadas, los fiscales concluyeron que los imputados idearon y ejecutaron un plan con el objetivo de poder recuperar un bien que forma parte del patrimonio del imputado y procesado Rodríguez, un hombre que tenía una concesionaria de automóviles de alta gama en Posadas, que era utilizada para lavar dinero y que fue investigado por Pablo Molina, titula de la Secretaría Penal 2 del Juzgado 1 de Corrientes.
“En este sentido, se ha acreditado que se falseó al menos un acta de declaración testimonial de nada más y nada menos que del titular del rodado (Sr. GAUTO) y se convocó a una persona que en principio no podría justificar el origen de los fondos para adquirir un auto de alta gama como el de la incidencia”, señalaron los fiscales en su requerimiento de instrucción”.
Sostuvieron que “necesariamente los imputados debieron relacionarse para llevar a cabo el plan denunciado, lo que denota una connivencia explícita al menos entre los funcionarios judiciales y el imputado Rodríguez, quien sería en definitiva el beneficiario del recupero del rodado referenciado tenido como objeto en las maniobras de lavado de activos mencionados”, agregaron.
