Un oficial de la Prefectura Naval es investigado por la Justicia porque hacía uso de su jerarquía para ordenar a sus subordinados actividades laborales en su beneficio.
Es por ello que fue denunciado, se supone, por numerarios de la misma fuerza y ahora la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el procesamiento de un oficial de la Prefectura Naval Argentina acusado de utilizar bienes del Estado en beneficio propio y de ordenar a sus subalternos que realicen actividades laborales en su propiedad privada.
Los hechos habrían ocurrido en Itá Ibaté en 2018 y la situación se conoció por medio de una denuncia anónima. El juez de primera instancia lo imputó por el delito de peculado en una resolución en la que también fijó un embargo.
Sostuvo el magistrado que el imputado “tenía la posibilidad de impartir órdenes a sus subalternos para la realización de trabajos en la obra en construcción denunciada y además, que el objeto material del delito está constituido por trabajos o servicios que deben ser pagados por la administración pública”. Fijó, además, un embargo de $100.000.
La defensa apeló la decisión del juez y sostuvo que el embargo era confiscatorio por su elevado monto. Asimismo, había objetado el procesamiento por el delito. En respuesta a esto, la Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento, pero anuló el embargo y ordenó también la continuidad de la investigación.
La causa se originó después de que llegara una carta anónima a la Fiscalía Federal con fecha 24 de abril de 2019. La nota denunciaba que el jefe de aquella dependencia, el oficial a cargo de la Unidad Operacional de Itá Ibaté, “habría afectado al personal que se encontraba a su cargo para la construcción de una vivienda ubicada en calle Víctor Duarte de la localidad de Itá Ibaté, e incluso, manipulando el vehículo oficial para el traslado de materiales de construcción, sumado a que el imputado se encontraba a diario en la obra, en horarios laborales”, dice el expediente.
El escrito indica que los hechos habrían ocurrido desde el mes de noviembre del ano 2018 cuando “se encontraban llevando a cabo tareas en el predio sin concurrir a la dependencia a cumplir con sus labores y reconociendo el imputado ser el propietario del terreno y de la obra en construcción”. Todo ello habría sido acreditado en el sumario administrativo realizado por la Prefectura.
Ahora el caso se encamina a juicio, mientras que el oficial cuestionado está cesante en el cargo.
