Una falla en el allanamiento y la falta de certezas respecto de la veracidad de pruebas fueron los justificativos de los jueces para absolver a un policía. La sospecha es que fue involucrado en el caso de manera arbitraria.
Miguel Angel Uriondo dejó la ciudad de Bella Vista luego de haber sido excarcelado y suspendido en sus funciones como Policía. Desde entonces trabajaba como estibador en las fincas de hortalizas, como chofer y hasta de taxista.
Es que tiene un hijo al que debe proveerle alimentos y lo que le sea necesario para la subsistencia.
El 9 de abril no será un día más para él. Ese día, el abogado que lo representa le informó que el Tribunal Oral Federal de Corrientes consideró que lo inculparon de un delito y que, por tanto, lo absolvieron de culpa y cargo.
Había sido detenido justo el día en que los correntinos elegían gobernador. Casi al final del mandato del político que obtuvo la mayor cantidad de votos, Uriondo se enteró que, finalmente, quedó probada su inocencia.
Fue durante un juicio abreviado que había acordado al reconocer que, efectivamente, estuvo presente en la cabaña “El Chapo”, ubicada en el acceso Norte de la ciudad de Esquina, cuando la Prefectura Naval allanó la habitación que ocupaba.
En ese lugar donde pernoctaba, los efectivos de la fuerza de seguridad hallaron casi medio kilogramo de cocaína.
El operativo fue el 8 de octubre de 2017 a la hora 20.30 y desde entonces el cabo de la Policía de Corrientes quedó detenido acusado de narcotráfico.
Un año después fue beneficiado con la excarcelación, pero quedó vinculado a la causa. Por ello fue suspendido en sus funciones y por ello se dedicó a trabajar en cualquier actividad que le permitiera cubrir sus gastos básicos.
En esas condiciones había solicitado un juicio abreviado. Sólo admitió que el día en que fue detenido se hallaba en el kilómetro 678 de la Ruta Nacional 12.
Declaró en el juicio que se había alojado en el lugar días antes, pero que luego regresó a Bella Vista, donde estaba domiciliado.
Ese domingo de votaciones regresó, pero el dueño del lugar había dicho que carecía de plazas, pero le ofreció una habitación que utilizaba y que durante su estadía dormiría en un quincho.
Después que se instaló, efectivos de la Prefectura Naval irrumpió en el lugar. Habían sido alertados por medio de un llamado telefónico que en esa cabaña había estupefacientes y, con la autorización de un juez provincial, allanaron el lugar.
Entraron a la cabaña donde estaba alojado un suboficial de la Policía de Corrientes y donde se presumía que había estupefacientes.
En el allanamiento, los prefecturianos apresaron al funcionario policial y hallaron 380 gramos de cocaína que, según las sospechas de los efectivos federales, tenían como destino el abastecimiento de kioscos de drogas de la localidad de Bella Vista, donde el mencionado numerario policial estaba domiciliado. Además, en el mismo lugar hallaron un revólver calibre 38 sin proyectiles.
Durante el juicio no se pudo probar que Uriondo llevó la droga hallada en la pieza donde estaba alojado. “No usé el ropero porque era la habitación del dueño, por eso mi ropa estaba doblada sobre una cama”, declaró.
Esto no pudo ser refutado por los investigadores porque “conforme lo obtenido en bases de datos de acceso público tanto como privado y redes sociales no se encontraron material que se estime como una prueba contundente para inferir que esté ciudadano esté vinculado a alguna actividad en infracción a la ley 23.737”.
Otra cuestión que fue tomada en cuenta por los jueces es que, en el operativo, los prefecturianos solicitaron la presencia de un solo testigo en el allanamiento, pese a que la ley indica en forma puntual que la acción debe ser realizada con al menos dos personas que certifiquen las actuaciones.
Ante esta circunstancia, el abogado Jorge Barboza, quien lo representó en el proceso judicial, pidió la absolución. La carencia de pruebas llevó a que el Tribunal Oral Federal de Corrientes declare el sobreseimiento del efectivo quien, ante esto, debería ser reincorporado a su actividad en la fuerza de seguridad provincial.
“Se hizo justicia. Quedó probado que en un procedimiento de dudosa regularidad una persona fue detenida e involucrada en un hecho que no tenía relación. El daño que le causaron es grave, porque quedó separado de su cargo”, sostuvo el abogado Jorge Adrián Barboza, quien lo representó en el proceso judicial.
