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Corrientes
4 agosto 2021

Abogado del Comité contra la Tortura fue imputado por el rapto de un niño para extorsionar a su madre

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Fue localizada en la zona costera de Itatí junto a un auto de dudosa procedencia que era utilizado para remolcar la embarcación.

Utilizó su rol de letrado de la institución que asiste a detenidos para presionar a una mujer presa y hacer que ésta le entregue sus bienes. Llamativamente, los diputados y senadores de Corrientes lo incorporaron a la Comisión, pero no vieron sus antecedentes: Había sido condenado por un asalto.

Los periódicos de Chaco y de Corrientes en el año 2006 daban la novedad que un hombre acusado de un atraco y condenado a 12 años de detención, se había fugado.

El reo fue identificado como Daniel César Almirón y estaba alojado en la Penitenciaría de Resistencia, de donde escapó para refugiarse en la zona del barrio de las Mil Viviendas de Corrientes.

Lo apresaron en abril de 2017 y fue trasladado nuevamente a Chaco, donde habría cumplido la condena.

Reapareció en Corrientes, pero de una llamativa manera: como representante del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fue creado bajo la órbita de la Legislatura correntina.

Ahora, la Comisión Contra la Tortura de la Provincia de Corrientes podría ser investigada por sus relación con un miembro que está imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad de un menor de edad, por estafar a una persona detenida a quien, además extorsionó.

El caso involucra a Daniel César Almirón, un ciudadano chaqueño que, en 2006, había sido condenado por un asalto en el interior del Chaco, donde cumplió una condena de 12 años, habiéndose evadido de la cárcel y siendo encontrado un año después en el Barrio Mil Viviendas de Corrientes. Ya liberado se instaló en nuestra provincia y creó la fundación “Amaneceres de Esperanza” que le funcionó como plataforma para ser designado por la Legislatura provincial como miembro titular del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU.

El hecho que se le imputa actualmente es el de haber utilizado su rol de miembro del Comité para hacerse con 11 hectáreas en el Barrio Santa Rita de la ciudad de Corrientes prometiéndole a su propietaria, una mujer que lleva tres años junto a su hija en prisión preventiva, que el organismo le pondría abogados defensores. La intermediación con abogados no forma parte de las facultades del Comité, y desde agosto del 2020 la mujer cuenta con la defensa oficial.

También se le imputa el secuestro del hijo menor de la mujer detenida, quien en circunstancias prontas a esclarecerse abandonó el Instituto Magone y fue a parar al domicilio de Cristina Sandoval, secretaria de la fundación de Almirón que también se encuentra imputada por este hecho. Mientras ocultaban al menor del Juzgado de Menores que ya había ordenado su búsqueda, Almirón extorsionaba a su madre para que le entregara documentación sobre los inmuebles a cambio de dejarla hablar con el chico.

Por estos hechos, en febrero pasado Daniel César Almirón fue detenido e imputado por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravado por ser menor la víctima, estafa, extorsión”.

La jueza Norma Beatriz Agrasso, titular del Juzgado de Instrucción 1 de la Ciudad de Corrientes, le otorgó la excarcelación el pasado 31 de marzo.

Rehén de la ambición

En 2017, Sandra Martínez y su hija Ludmila Zerrizuela fueron detenidas en la ciudad de Corrientes acusadas de haber participado del homicidio de Justa Valenzuela, una mujer de 86 años, cuyo cadáver fue encontrado en el cementerio de la ciudad correntina de 9 de Julio.

Ambas fueron alojadas en la Unidad Penal III -conocida como “Instituto Pellettier”- mientras el Juzgado de Instrucción de la ciudad de Goya, las procesó por su supuesta participación en el crimen a pesar de que solo se las ubicaría en el lugar por los dichos de otro co-imputado.

Debido a que Martínez estaba detenida una jueza de menores ordenó que su hijo de 12 años, sea trasladado al Instituto Miguel Magone, un centro de contención y alojamiento para niños y adolescentes desamparados.

En esas circunstancias, Martínez había denunciado malos tratos, presiones y que a su hija la obligaban a tomar fármacos para mantenerla sedada.

Es entonces cuando Daniel César Almirón se presenta en la Unidad penitenciaria, donde ostentó su cargo de miembro del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura.

Hasta el Instituto Magone se habría dirigido Almirón cuando, en una circunstancia que aún no está clara, el jovencito menor de edad se retiró de ese hogar transitorio, en octubre de 2020.

Luego de esto, el comisionado se comunicó con Martínez para hacerle saber que tenía a su hijo. El 22 de diciembre pasado en una conversación telefónica le habría sugerido que concrete la entrega de documentos, de lo contrario, “no hablaría más” con su hijo.

Desde que le transfirieran las tierras uno de sus socios, Gustavo López, las habría puesto en venta, manteniendo incluso los ofrecimientos cuando Almirón ya se encontraba detenido.

La situación fue denunciada el 5 de enero de 2021 ante la Fiscalía de Instrucción 4 , a cargo de la fiscal Sonia Meza, y el sábado 9 el menor fue encontrado en el domicilio de Cristina Sandoval. La funcionaria pidió la imputación de Almirón por cuatro delitos y de Sandoval.

La jueza Norma Beatríz Agrasso, al considerar la existencia de pruebas suficientes, ordenó la detención de Almirón, pero éste no fue hallado en su domicilio. Ante esto se emitió un pedido de búsqueda y detención. Las fuerzas policiales y federales de todo el país se pusieron en alerta, se plantearon pedidos de eximición de prisión que fueron denegados y finalmente el 12 de febrero Almirón se entregó, quedando detenido.

El abogado recuperó la libertad el pasado 31 de marzo. El abogado que lo representa, Jorge Buompadre pidió la excarcelación, y la jueza -pese a los antecedentes criminales del imputado- dio lugar a la liberación, sin que tuviera que pagar ninguna fianza y con la sola limitación de no acercarse a Martinez ni a su hijo, sin tomar en cuenta el riesgo de fuga.

En los últimos días trascendió que la hija de Martínez, Ludmila, quien también se encuentra detenida, sufrió una descompensación tras tomar conocimiento de la liberación de Almirón y en lugar de ser llevada a la emergencia de algún hospital, fue conducida al área de salud mental dependiente del Servicio Penitenciario. Respecto a ella, la jueza no dispuso ninguna medida de protección y se cree que permanecerá en el lugar hasta finales de mayo, cuando finalmente se realizaría el juicio por el delito por el que ella y su madre se encuentran imputadas.

¿Qué es el Comité contra la Tortura?

La ley provincial de Corrientes N° 6 2 8 0 creó el Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en adelante el “Comité”, el que actúa en todo el territorio de la provincia de Corrientes, respecto de todos los lugares de detención de jurisdicción provincia .

La institución está formada por dos senadores provinciales; dos diputados provinciales; el Subsecretario de Derechos Humanos, en representación del Poder Ejecutivo; un representante del Poder Judicial, designado por el Superior Tribunal de Justicia; cinco representantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales que acrediten una reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos y compromiso con los valores democráticos, y que no se hubieran desempeñado en funciones de responsabilidad o asesoramiento político.

El cuerpo lo preside Ramón Leguizamón, y participaron sus miembros como son el ministro del Superior Tribunal, Alejandro Chain; los senadores provinciales Martín Barrionuevo y Noel Breard; Julio Fagalde, Gladis Hanke, César Almirón y el doctor Jorge Eduardo Isetta, quien es secretario administrativo. 

Ninguno de ellos reparó en los antecedentes de Almirón.

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