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Violencia es mentir

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Mientras que los informes del Ministerio de Salud de la Nación indican que aumentan los envíos de vacunas contra el Coronavirus a la provincia de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés, publica estadísticas muy dudosas que revelan un posible desvío de dosis en el sistema de salud pública. Los números de la calamidad.

Desde enero de 2021, la provincia de Corrientes se posicionó como la jurisdicción de la Región del Nordeste Argentino con mayor cantidad de contagios diarios en promedio.

El dato no es menor, porque la evidente la situación calamitosa de la salud en Corrientes es consecuencia de las determinaciones gubernamentales tomadas y, sobre todo, por la falta de transparencia en el manejo de los recursos sanitarios.

El combo del desastre se corona con una campaña de comunicación empecinada en ocultar lo evidente: las muertes evitables, el crecimiento de la pobreza y los actos de corrupción cometidos sin tapujos ni vergüenza.

La situación queda al desnudo cuando se analizan los datos estadísticos.

Desde el mes de enero, Corrientes se convirtió en una de las jurisdicciones del país con mayor cantidad de enfermos de coronavirus y pasó a ser la provincia del Nordeste Argentino con más casos en promedio.

Al analizarse los datos promedios de contagio se puede advertir que en enero, Corrientes registró 206 casos nuevos diarios en promedio; 136 en febrero y 191 en marzo.

Mientras tanto, en el Chaco -provincia muy criticada y atacada por el gobierno correntino en 2020- los promedios son menores. En enero se informaron 193 casos en promedio; 121 en febrero, y 143 en marzo.

La política sanitaria de Corrientes queda en el terreno de la vergüenza si es comparada con la de Misiones, una provincia con una cantidad de habitantes muy cercana y con características poblacionales muy parecidas.

En la tierra colorada, en enero hubo un promedio de 117 casos diarios en enero; 127 en febrero y 123 en marzo.

Si se comparan los números de Corrientes con los de Formosa, la primera queda mucho más atrás. En esta última, el gobernador Gildo Insfrán expuso un existoso programa de control que la colocó como la provincia mejor posicionada en relación al manejo de la pandemia en el país, registró en enero 20 casos diarios promedio en enero; 24 en febrero y 33 en marzo.

Corrientes registra actualmente 33.460 casos desde el año pasado; Chaco, 39.524; Misiones 13.190; Formosa, 3.325.

La oportunidad de revertir la calamitosa situación sanitaria de Corrientes llegó con las vacunas adquiridas por el Gobierno Nacional y distribuidas entre las provincias a quienes sin control alguno -en un claro desacierto- se les dio el manejo total de la campaña de inoculación y prevención.

Pero lejos de aplanarse la curva de contagios, la situación se agravó como consecuencia de acciones político gubernamentales lindantes a la ilegalidad.

El desmanejo de los recursos sanitarios quedó en evidencia cuando Ricardo Cardozo, ministro de Salud de Corrientes chocó con su camioneta en la que trasladaba 900 vacunas sin respetar el protocolo, ni las condiciones de cuidado de las dosis.

Luego, para ocultar este terrible episodio, al unísono, los funcionarios gubernamentales orquestaron una estrategia consistente en emitir constantes críticas, algunas sin fundamentos, al gobierno nacional.

Es así que se abocaron a denunciar la supuesta falta de vacunas para llevar adelante la campaña de prevención de casos mortales.

En los hechos esto es falso. El gobierno nacional envió a Corrientes 148.000 vacunas, según  el Monitor Público de Vacunación.

En contrapartida, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de Corrientes, existen unas 54.000 vacunas sin aplicarse en la provincia, “escondidas” en algún lugar.

El senador provincial Martín Barrionuevo remarcó esto en una entrevista en la que agregó que, en parte, estas vacunas están “guardadas” debido a que el sistema de distribución es deficiente.

Empeora la situación el hecho que los sistemas de inscripción y otorgamiento de turnos para distribuir las dosis tiene fallas que impiden el acceso a los interesados.

La situación perjudica a los mayores de entre 60 y 90 años que carecen de conocimientos tecnológicos y que, cuando cuentan con algún familiar que los ayude a ingresar a la plataforma, el sistema falla.

Este grupo es el más propenso a correr riesgo de muerte ante un contagio y son, además, quienes más dificultades tienen para acceder a las vacunas. Este dato no es tenido en cuenta por el Gobierno provincial.

Mientras esto ocurre, el gobernador Valdés, asegura que las dosis están a poco de terminar, pero se niega a publicar los registros de vacunación.

El reclamo de la transparencia de los datos es un reclamo realizado desde 2020 por médicos, referentes sindicales, de organizaciones civiles y sociales, de referentes de la oposición y de la ciudadanía.

Es que en medio del caos reina la incertidumbre. La falta de información genera confusión y profundiza la falta de cuidados.

La maniobra del desastre se combina con un entramado de discursos tendenciosos propalados en medios pagos y por pseudoperiodistas contratados con pauta oficial.

Los temas que tratan son carentes de análisis, desnudos de datos estadísticos y plagados de contenidos faranduleros lejanos a los problemas de los vecinos.

Viejos mercenarios y nuevos canallas se disputan jugosas pagas sin reparar en el daño irreversible que causan al esconder y avalar la pérdida de vidas humanas que, obviamente, tienen más valor que los millones de pesos que se pierden en una administración gubernamental carente de control.

Este es nuestro análisis.

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