Un juez provincial ratificó la vigencia de la normativa que garantiza el aborto gratuito en la provincia de Corrientes
Un juez de Corrientes rechazó un recurso presentado por el partido Ciudadanos a Gobernar para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, tras considerar que la acción promovida resulta “inadmisible”, dijeron fuentes judiciales.
El juez de Ejecución Tributaria de Corrientes, Alejandro Aquino Britos, en funciones de magistrado en turno durante la feria judicial, rechazó con ese argumento la acción impulsada por el dirigente Eduardo Achitte, del mencionado partido provincial.
La causa ingresó como “medida autosatisfactiva” al Juzgado de Ejecución Tributaria bajo la caratula “Partido Ciudadanos a Gobernar Distrito Corrientes C/ Gobierno de la provincia de Corrientes y Ministerio de Salud Publica de Corrientes / Amparo”.
El juez Aquino Britos consideró que los presupuestos (o requisitos) necesarios de esa medida no se cumplían en el presente caso.
Analizó la admisibilidad o inadmisibilidad de la pretensión y, en ese sentido, indicó que no surgía de modo flagrante la arbitrariedad o ilegalidad.
Agregó que “la determinación de la eventual invalidez del acto requería una mayor amplitud de debate y prueba, que no constaban en este caso”.
El magistrado fundamentó que “la ‘parte’ debe demostrar la existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados la afecten de manera suficientemente directa o sustancial”.
“El interés jurídico eventualmente estará en cabeza de cada una de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar o no, de acuerdo a sus convicciones”, remarcó.
La presentación del partido Ciudadanos a Gobernar había generado múltiples reacciones en legisladores y colectivos feministas correntinos.
El Colectivo de Mujeres Organizadas de esa provincia había repudiado en un documento “el intento de obstaculización del acceso a la ley de interrupción del embarazo” en la provincia, por parte de “un partido político sin representación alguna”.
“En todo el país festejamos la sanción de esta ley fruto de la histórica lucha del movimiento de mujeres y plasmada por el Congreso Nacional y no vamos a permitir que grupos antiderechos nos lo quiten”, expresó el escrito difundido por redes sociales.
En este sentido, el Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes, afirmó que no está dispuesto a “volver a la clandestinidad”.
“Seremos guardianas de la ley nacional 26.710”, advirtió.
Por su parte, la senadora provincial, Patricia Rindel (PJ), en su cuenta de Twitter calificó la acción del partido “Ciudadanos a Gobernar” como “inocua, ilegitima y abstracta”.
“Buscan desinformar e impedir el cumplimiento de una ley nacional votada y aprobada en el Congreso, que reconoce el derecho a decidir de la mujer y la persona gestante”, criticó.
Finalmente, la legisladora del Partido Justicialista expresó que “el aborto legal, seguro y gratuito es una conquista lograda luego de años de lucha”.
El hecho se presenta en una provincia que fue declarada “Pro Vida” por decreto en el año 2011 y que fue ratificada como tal por el Poder Ejecutivo en 2020, pero no existe ley aplicable que sea contraria a la ley aprobada recientemente.
El caso es distinto a lo que ocurre en Chaco, donde una jueza estableció que la ley nacional no es aplicable.
Luego de esto,
La fiscal de Estado de Chaco, Cecilia Fernández Almendra, apeló ante la Cámara Civil y Comercial de Resistencia la resolución de la jueza Marta Aucar de Trotti, quien dejó sin efecto la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el territorio provincial.
Entre los argumentos de la apelación oficial, la Fiscalía chaqueña presentó dos consideraciones: en la primera señaló “la incompetencia de la persona y la materia”, ya que se trata de una ley consagrada por el Congreso de la Nación, y que establece que el órgano de aplicación será el Poder Ejecutivo Nacional.
Aún se espera una resolución respecto de este planteo.
