El Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reanudó las sesiones por el tráfico de estupefacientes desde la provincia de Corrientes a otras siete. En un hecho resistido por el Ministerio Público, escucharon a los testigos de identidad reservada cuyos dichos fueron la base para encausar a políticos y funcionarios. “Fue todo chisme”, dijo un abogado.
El Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires retomó las audiencias por la megacausa de narcotráfico en la que se investigó el supuesto transporte de unas 15 toneladas de marihuana por semana desde la localidad correntina de Itatí a otras siete jurisdicciones y a Chile.
El año pasado, los jueces habían establecido un cuarto intermedio en el que evaluarían un pedido de las defensas: La citación a los testigos de identidad reservada que contaron a los efectivos de la Gendarmería Nacional cómo era el mecanismo de tráfico de drogas en la localidad y señalaron a los que supuestamente estaban involucrados.
Este 3 de febrero declararon, tres personas que habían contado lo que supuestamente ocurría en Itatí en relación a las actividades ilícitas que dieron origen a la causa 3002/2017.
“Uno de ellos dijo que se dedicaba a la pesca de costa y que una vez vio cuando supuestamente llegó una lancha que traía un bulto que luego fue cargado a un vehículo”, contó el abogado Jorge Adrián Barboza, uno de lo letrados que interviene en la causa como defensor.
Luego, el mismo declarante sostuvo que “los muchachos se juntaban a tomar, se emborrachaban y empezaban a contar lo que pasaba en el pueblo”, pero aseguró que respecto a esto no existen más que suposiciones.
“El 97% de lo que se volcó como declaraciones de testigos son trascendidos, dichos y chismes de pueblo”, dijo Barboza.
El debate pasó a un cuarto intermedio, en que declararán otros testigos reservados.
Las audiencias se realizan en forma remota, por el sistema Zoom, y no es publico, sólo participan abogados y representantes del Ministerio Público Fiscal.
El dabate se reinició luego que el 23 de diciembre se declaró un cuarto intermedio. Ese día, dos testigos expusieron respecto a las acusaciones, el Ministerio Público Fiscal se abocó a realizar preguntas casi exclusivamente de índole poblacional y social.
Como si se tratase de un juicio a la gestión de gobierno o al desarrollo económico de la provincia de Corrientes, los fiscales indagaron insistentemente en la cantidad de ciudadanos que habitan el poblado.
Las preguntas rondaron en la actividad laboral de los vecinos, poder adquisitivo y hasta en sus costumbres de consumo. Un acto más parecido a una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que un cuestionario en el contexto de un debate.
