Un comunicado del Partido Comunista de Formosa denunció acciones mediáticas y políticas para dañar la imagen del gobernador de Formosa utilizando las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
En un comunicado de prensa el Partido Comunista de Formosa alertó respecto de la existencia de un plan de la Unión Cívica Radical y Cambiemos para desestabilizar al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
Las acciones serían llevadas adelante por dirigentes políticos opositores a la gestión de mandatario peronista que administra la provincia con menor cantidad de coronavirus del país.
En este contexto, Partido Comunista -crítico a la gestión de Gildo Insfrán- emitió un comunicado en el que advierte que “es de público conocimiento el permanente hostigamiento de los medios nacionales al Gobierno y pueblo de Formosa, llegando incluso a verdaderos montajes para desacreditarlos”.
Aclaran, sin embargo que “entendemos que estas medidas sanitarias, sin el correspondiente acompañamiento económico son insostenibles y nuestro pueblo empobrecido es quien más lo padece”.
Igualmente, “acompañamos las medidas sanitarias del gobierno Provincial que muestra su éxito claramente”.
Respecto a esto, remarcan que “en Formosa todas las personas con Covid positivo deben aislarse, tengan síntomas o sean asintomáticos” y señalan además que “todas las personas que ingresan a la provincia también deben aislarse”.
“Los aislamientos se producen en los lugares designados por el gobierno, que van desde hoteles, escuelas hasta clubes deportivos refaccionados a tal efecto. No se permiten aislamientos domiciliarios. Estos centros de aislamiento están divididos en: sintomáticos, asintomáticos, gravedad del cuadro y en tránsito”, informaron.
En el comunicado, además, realizan una aclaración: “El PC siempre ha sido críticos con el gobierno provincial, cuando esto así lo amerita, con claro posicionamiento popular, intentando construir un gran frente electoral que contenga a los sectores populares”.
Contexto conflictivo
Un grupo de legisladores de Cambiemos había denunciado penalmente al gobernador Gildo Insfrán por supuesto hacinamiento de personas que realizaban cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus, y que habían ingresado a esa provincia recientemente.
Fue a partir de un video fue difundido por medios de comunicación nacional afines a Cambiemos y que fue usado por los denunciantes para judicializar una supuesta violación al artículo 205 del Código Penal Argentino, es decir, expusieron un hipotético caso de riesgo de contagio de la enfermedad.
En paralelo, al menos dos de estos denunciantes organizaron manifestaciones frente a los locales donde están alojadas las personas en cuarentena.
En uno de ellos, la Escuela 18 de la Capítal formoseña, una concejal de la UCR golpeó portones y ventanas del local escolar, dañando así las instalaciones.
Debido a que la marcha había violentado la cuarentena establecida y por el daño al inmueble, algunos de los manifestantes, entre ellas la concejales Celeste Ruiz Diaz y Gabriela Neme fueron demoradas por la Policía.
Las mujeres fueron detenidas, por “instigación a cometer delitos, intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad e infracción al artículo 205 del Código Penal”.
Este hecho fue aprovechado nuevamente para un embate judicial.
Ambas presentaron una denuncia en el Juzgado Fedral en turno para que “se investigue la responsabilidad penal del gobernador Gildo Insfrán, como así también la del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González y del jefe de la Policía Provincial, comisario general Walter René Arroyo, y todos aquellos funcionarios Policiales que actuaran en el procedimiento policial que motivo mi detención”.
Respecto a esta situación, el Partido Comunista expuso en su comunicado que “las detenciones de las concejales ayer, liberadas al llegar a la comisaría tras la firma de la contravención, es otro capítulo de quienes ponen en riesgo la salud pública ( falsos libertarios, anti cuarentena, anti vacunas) Estas detenciones deben suscribirse en el marco del escenario desestabilizador generado por la oposición y fogueado por los grandes medios”.
Intento de golpe
En un contexto de pandemia, los partidos adcriptos a Cambiemos intentan utilizar a la Justicia y al Congreso para atacar al gobierno formoseño.
Una de las que participa de esto es, Elisa Carrió, quien aprovechó la situación para intentar protagonismo y montar una de sus habituales maniobras de lawfare.
La ex legisladora chaqueña, activó una operación por medio de los legisladores nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Juan Manuel López, quienes presentaron el miércoles un proyecto para que declare la intervención de “los poderes Ejecutivo y Judicial de la provincia de Formosa, con el fin de garantizar la forma Republicana de Gobierno”.
Carrió ya había adelantado esa operación cuando consideró “inconstitucional” retener ciudadanos en centros de aislamientos por coronavirus a pesar de no portar la enfermedad.
La propuesta indica que la intervención será por 180 días, y que el interventor federal será designado por el Presidente Alberto Fernández, y que con dicho proceso se establecerá la “inmediata caducidad del mandato del Gobernador y Vicegobernador”.
Otro ataque el gobierno de Insfrán, se origina en una manifestación de comunidades originarias de localidades que habían vuelto a fase 1 de la cuarentena.
El problema se habría suscitado porque estas localidades carecen de cajero automático y los vecinos se veían imposibilitados de salir de sus comunidades.
Es así que se movilizaron y cortaron una ruta en reclamo de un cajero automático móvil.
La Policía de Formosa desalojó el terreno, en hecho derivó en otra denuncia accionada por Cambiemos.
Lo hizo la concejal radical Gabriela Neme, días antes del incidente en la que fue demorada.
Debido a este conflicto, partidos políticos, organizaciones de trabajadores y organismos de Derechos Humanos dirigieron una nota al Gobierno Provincial para que “rápidamente se resuelva una situación conflictiva con mujeres wichis en el oeste formoseño”.
En la nota, además, se solicitó además que la policía se maneje con estricto cumplimiento de protocolo de la procuraduría, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio para detención en estos casos”.
Las organizaciones firmantes de ese petitorio ratificaron, sin embargo, su apoyo a las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno.
