17.1 C
Corrientes
11 mayo 2021

Hurto millonario en un juzgado federal genera suspicacias y genera alerta por la seguridad

Must read

Autorizaron a un argentino a viajar vía terrestre a Brasil para festejar el cumpleaños de su novia

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones y a las fuerzas de seguridad federal a...

El Municipio de Paso de los Libres homenajeó a Amado Bonpland al cumplirse 163 años de su fallecimiento

El viceintendente Marcelo Cuevas encabezó el acto oficial de homenaje al médico y botánico francés, que contó con la presencia de familiares....

Fondos municipales: Intendente de Garruchos deberá responder a la Justicia

El intendente radical de la localidad de Garruchos, José Alejandro Minigozi, deberá explicar ante la Justicia un informe sobre los balances de...

El Municipio de Mercedes sigue con las obras de asfaltados de calles y cloacas en diferentes barrios

En la mañana de hoy Diego Caram recorrió las obras que llevan delante su gestión que además reparan en la calle José...

Desaparecieron $12.500.000 de la caja fuerte de una oficina. Hay tres detenidos y ninguna pista del dinero desaparecido.

La desaparición de un teléfono celular de alta gama y unos 12 millones y medio de pesos en Dólares Estadounidenses, Reales y Pesos Uruguayos de una caja fuerte del Juzgado Federal de la ciudad de Posadas, generó suspicacias y alarma por la seguridad en ese edificio en el que se administra causas penales, civiles, tributarias y de Derechos Humanos y que, además, tiene competencia electoral.

Por el hecho están detenidos tres hombres, operarios de una empresa de limpieza, quienes están sospechados de haber accedido a la oficina en la que estaba guardado el dinero.

En el contexto de las investigaciones se realizaron allanamientos en barrios periféricos de la Capital misionera, pero no se encontró ninguno de los billetes desaparecidos.

Verónica Skanatta, jueza federal de Posadas.

El caso pone bajo la lupa a la titular de ese juzgado, Verónica Skanatta ya que por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los magistrados están vedados de administrar dinero en efectivo. Es por ello que el dinero que se cobra por las fianzas se deposita en una cuenta especial del Banco de la Nación Argentina, mientras que los billetes que son incautados en el contexto de causas judiciales son puestas en depósitos especiales de la misma entidad bancaria.

También quedó en una situación incómoda Adriana Patricia Soria, la secretaria judicial que trabaja en la oficina donde se halla la caja que habría sido profanada.

Fue esta última la que hizo la denuncia ente la Fiscalía Federal de Posadas. Ella sostuvo que esos billetes le pertenecían y que los había guardado en su oficina por razones de seguridad.

Aseguró que ese monto era resultante de la venta de un terreno, por lo que se pidió un informe a la Administración Federal de Ingresos Públicos. De haberse realizado ese negocio de manera legal, debería existir un registro en la entidad tributaria nacional, es decir, debió haber declarado el origen del dinero.

Los informes a la Afip ya fueron solicitados por el Ministerio Público Fiscal Federal. Se aguarda una respuesta.

Secuencia delictiva

El 16 de diciembre de 2020 se detectó que un empleado judicial que trabaja en el edificio ubicado en la avenida Mitre 2358 había contraído coronavirus.

Como consecuencia de ello, el presidente de la Cámara Federa de Apelaciones, Mario Osvaldo Boldú, dispuso el cierre del edificio “a fin de tratar la situación generada (…) en diversas dependencias” con el fin de “preservar la salud de magistrados, funcionarios, personal, abogados y público en general.

Luego de esto se contrató a la empresa Grupo Nordeste para realizar una desinfección de todo del edificio de seis pisos.  Es por ello que todos los viernes del mes de noviembre y los días 4, 11, 18, 23 y 30 diciembre próximo pasado, se hizo presente personal esa empresa para llevar a cabo sanitizaciones en la totalidad de las oficinas.

En esos días se realizó una reunión con las autoridades de las fuerzas de seguridad a fin de realizar un plan de trabajo relacionado a las prevenciones en el marco de las acciones para controlar el tránsito de personas en el contexto de la pandemia de coronavirus y en relación al decreto presidencial que establece restricciones de circulación. “En esa reunión ningún funcionario dio a conocer la existencia de dinero o de una situación similar”, indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

El 28 de diciembre Adriana Patricia Soria ingresó a su oficina y halló que la caja fuerte de su oficina estaba abierta y vacía. Tras esto, avisó de la situación a la jueza Skanatta y denunció el hecho a la Fiscalía Federal.

Esto derivó en una reunión en la que estuvo el personal de limpieza asignado, las personas el área de intendencia del Juzgado, la titular de la magistratura y sus secretarios, además de efectivos de la Gendarmería, encargados de la seguridad del lugar.

Ese mismo día la Fiscalía Federal instruyó al Centro de Información de Reunión de la Gendarmería Nacional a que analicen las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del edificio.

Es así que el 4 de enero se elevó un informe. Los investigadores detectaron que tres empleados de la empresas de limpieza fueron registrados por las cámaras del segundo piso y tenían en los bolsillos de sus mamelucos bultos que sugirieron escondían fajos de billetes.

La secuencia de las imágenes consideradas incriminatorias fue tomada durante la siesta del 23 de diciembre.

Ese día los efectivos gendarmes que hacían la guardia del edificio tomaron los datos de los tres individuos, pero a ninguno se los había palpado ni revisado cuando salieron. “El procedimiento no contempla la inspección de bolsos o el cacheo de quienes ingresan o egresan, porque esa práctica es violatoria da los derechos de las personas”, aclararon los funcionarios de la fuerza de seguridad

Los sospechosos tienen 31, 37 y 23 años y fueron ubicados el miércoles 30 de diciembre en sus respectivos domicilios de los barrios A4 Nueva Esperanza, Villa Cabello y Santa Rita, de Posadas. Los inmuebles fueron revisados minuciosamente.

No hallaron el dinero desaparecido y tampoco el teléfono denunciado como robado.

Los tres sospechosos fueron detenidos acusados del hurto.

La hipótesis es que la denunciante, Adriana Patricia Soria, se había olvidado las llaves de la caja fuerte en su escritorio, los operarios la pudieron haber hallado, abrieron el cofre y se llevaron el dinero para volver a cerrarla. No pudieron ser vistos porque la oficina no hay cámaras de seguridad.

Suspicacias

Luego que ex titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila y sus secretarios Federico Grau y Pablo Molina fueron procesados por supuesto cobro de coimas e irregularidades en la entrega irregular de rodados secuestrados, la Corte Suprema de Justicia puso en marcha controles extremos en el manejo de las finanzas y recursos de las magistraturas.

Según la investigación en Corrientes se llevó a cabo un mecanismo por el cual los secretarios supuestamente pedían una coima a los abogados de los sospechosos detenidos a cambio de otorgarles la libertad. Una vez hecha la entrega de dinero a los secretarios, se establecía una caución juratoria –sin fianza- firmada por el juez quien, supuestamente, percibía parte de la dádiva.

“El mecanismo podría ser replicado en cualquier judicatura, con cobros en moneda extranjera si se dan las condiciones, incluso existen casos en Salta y otras provincias”, informaron fuentes especializadas en investigaciones federales.

Los resonantes casos de corrupción en juzgados federales conocidos en los últimos años en otros puntos del país, dan lugar a suspicacias que se acrecientan toda vez que se tome en cuenta que la titular del Juzgado Federal de Posadas es la hija de una integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de la misma ciudad y es, además, familiar de un abogado que dirige uno de los estudios jurídicos especializados en causas federales más importantes de la provincia de Misiones.

Por otra parte, llama la atención que la desaparición del dinero se conoció a partir de trascendidos y que ninguna autoridad se refirió al escándalo. Pero en Misiones no es llamativo que los hechos ocurridos en esa magistratura sean obviados.

Es que esta esta judicatura y la Cámara de Apelaciones evitan informar sus actos de gobierno –una resolución de la Corte Suprema obliga a darlos a conocer- al no exponer información respecto del avance de los expedientes que allí se tramitan.

Seguridad interior

La sustracción de una millonaria cifra del interior de una caja fuerte del Juzgado Federal de Posadas, deja al desnudo la escasa seguridad existente en este edificio donde se administra causas de alto tenor político, de narcotráfico, lavado de activos y de contrabando, como también aquellas en la que se investigan hechos de corrupción que perjudican al Estado.

Esta situación de baja protección con la que cuentan los funcionarios se replica en el edificio de la calle Entre Ríos, donde funciona el Ministerio Público Fiscal; y no son excepciones los juzgados federales de Formosa, Chaco y Corrientes.

En ninguno de estos espacios de la Justicia Federal las cámaras de seguridad son monitoreadas en tiempo real y en ellos la responsabilidad de velar por la integridad de funcionarios y bienes del Estado sobrecae en un acotado grupo de numerarios de la Gendarmería Nacional que permanecen en guardia con un acotado margen de acción.

Las cuatro provincias del Nordeste son consideradas “área de alta peligosidad criminal” ya que tienen límite con Paraguay y Brasil, donde operan organizaciones delictivas transnacionales con base en Argentina, como también organizaciones extranjeras como el Primer Comando Capital y el Primero Comando de Frontera, y en las que podrían existir células de organizaciones terroristas que operan en la Triple Frontera.

En ellas, además, fueron amenazados fiscales federales que investigaban causas de narcotráfico y lavado de activos, como Flavio Ferrini, en Corrientes y Patricio Sabadini, en Resistencia.

También hubo amedrentamientos a jueces como Zunilda Niremperger, en la Capital chaqueña; la existencia de un minucioso plan para atentar contra el juez de instrucción N°3 de Posadas, Fernando Verón por parte del Primer Comando Capital (PCC) brasileño; amenazas de muerte al juez federal misionero de Eldorado, Miguel Angel Guerrero.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Autorizaron a un argentino a viajar vía terrestre a Brasil para festejar el cumpleaños de su novia

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones y a las fuerzas de seguridad federal a...

El Municipio de Paso de los Libres homenajeó a Amado Bonpland al cumplirse 163 años de su fallecimiento

El viceintendente Marcelo Cuevas encabezó el acto oficial de homenaje al médico y botánico francés, que contó con la presencia de familiares....

Fondos municipales: Intendente de Garruchos deberá responder a la Justicia

El intendente radical de la localidad de Garruchos, José Alejandro Minigozi, deberá explicar ante la Justicia un informe sobre los balances de...

El Municipio de Mercedes sigue con las obras de asfaltados de calles y cloacas en diferentes barrios

En la mañana de hoy Diego Caram recorrió las obras que llevan delante su gestión que además reparan en la calle José...

Detienen a dos ciudadanos por transportar más de 10 mil paquetes de cigarrillos extranjeros sin el aval legal

Los involucrados trataron de evadir el control de la Fuerza. Durante la inspección del rodado, al corroborar antecedentes, los...