Evitó avisar a la institución los decesos de los abuelos de un asilo. Durante dos años cobró dinero por su alojamiento y cuidado.
Un empresario correntino fue procesado en la Justicia Federal por haber defraudado al Programa de Atención Médica Integral (Pami) por medio de un geriátrico del centro de la Capital.
El empresario, E. G. C., fue hallado responsable –prima facie- del delito de fraude a la administración pública por lo que se ordenó embargar sus bienes hasta cubrir la suma de $1.000.000.
Según la acusación la maniobra consistió en emitir 51 facturas por el cuidado de personas cuyos decesos se produjeron años antes de la fecha de confección de esos comprobrantes. Específicamente, para la Fiscalía Federal el acusado “habría presentado en sus facturaciones desde los meses de septiembre de 2014 hasta enero de 2016 planillas con datos de 5 personas fallecidas cobrando de esa manera una suma que no correspondía, unos $ 480.390,41”.
El hecho fue denunciado por el Fiscal Federal de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El funcionario dio a conocer que el Pami había detectado que varios geriátricos, entre ellos, el emplazado en la calle Tucumán al 600 de Corrientes, habrían percibido dinero por servicios que no habían realizado.
Para corroborar ello, la Unidad Fiscal a cargo de la investigación solicitó al Registro Nacional de las Personas que informara la fecha de fallecimiento de los cinco afiliados con cuyos nombres se emitieron las facturaciones. Surgieron de ese informe que fallecieron el 4 de septiembre de 2014, el 7 de octubre de 2015, el 10 de noviembre de 2014, el 26 de enero de 2016 y el 2 de diciembre de 2014 respectivamente.
Luego de comprobar la fecha de fallecimiento de los afiliados, la Fiscalía Federal pidió al Insituto Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones que remitiera los expedientes de facturación de la firma cuestionada.y de este análisis surgió que el geriátrico presidido por el encartado habría presentado planillas con datos de esos afiliados a fin de facturar prestaciones con fecha posterior a sus fallecimientos
Es por ello que se resolvió procesarlo por el daño causado al Estado al percibir sumas indebidas.
La defensa expuso que las pruebas presentadas “no dan cuenta de una conducta defraudatoria, dado a que no demuestra la existencia de un perjuicio patrimonial para con el Instituto Nacional de Seguridad Social y Jubilaciones”.
Además manifestó que “la inexistencia de una pericia contable destinada a acreditar el supuesto perjuicio patrimonial de la suma de $480.390,41” y que “no se encuentra determinado el supuesto perjuicio patrimonial a las arcas de la Administración Pública”.
Advirtieron además que el Estado recuperó las cifras reclamadas, por lo que no habría daño al erario.
El Fiscal Federal ante la Cámara Federal de Apelaciones, Carlos Schaefer, se inhibió y pidió ser apartado de la causa debido a que conoce personalmente al imputado, por lo que no correspondería que intervenga en el caso. Pero, el fiscal subrogante no acompañó la queja de la defensa y por consiguiente la Cámara Fedral de Apelaciones de Corrientes rechazó todos los planteos y observaciones realizados por el abogado representante del imputado.
Es así que el procesamiento quedó firme, pero hora el caso podría ser llevado a la Cámara de Casación Penal de la Nación. Sin embargo, la causa se encamina a juicio oral.
