A menos de un mes de haber asumido en el cargo, la jueza federal de Formosa María Belén López Mace procesó hoy a tres ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia por crímenes cometidos en perjuicio de ocho integrantes del Poder Judicial local, tres de los cuales aún permanecen desaparecidos.
La decisión fue en línea con lo postulado por el fiscal federal Flavio Ferrini, titular de la Fiscalía Federal de Corrientes, pero que interviene en la causa como subrogante.
La resolución alcanza a Sergio Alfredo Martínez, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, quienes para López Mace “en su carácter de jueces integrantes del Superior Tribunal de Justicia, encubrieron las prácticas represivas e ilegales del Gobierno de Facto hacia empleados del Poder Judicial de la Provincia de Formosa entre los años 1976 y 1977”, ejecutadas “por el Grupo de Tareas correspondiente al Área Militar 234, con asiento en el Regimiento de Infantería Monte 29; legitimando con ello los secuestros, detenciones ilegales, torturas físicas y psíquicas que padecieron Elsa Alicia Chagra, Andrés Medina, Ángela Ramona Colman, Raquel Ubalda Lebi, Adriano Acosta, Zulma Sena, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne”.
Según la sentencia a la que tuvo acceso Prensa On Line la magistrada se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa de la investigación, que los acusados omitieron “controlar la legalidad de las privaciones de la libertad” y “las condiciones de detención” de las víctimas, al rubricar las Actas 1081 y Acta 1082 por las cuales “suspendieron provisionalmente a los cinco primeros (desafectados posteriormente por Resolución Reservada N° 1/77) y declarando la cesantía de los tres últimos quienes continúan desaparecidos en la actualidad”.
En consecuencia, la jueza dictó los procesamientos de Martínez, Montoya y Vázquez Rey por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
La decisión también incluye un embargo de diez millones de pesos para cada uno y la prohibición de salida del país.
Por otra parte, también rechazó una serie de planteos formulados por la defensa, sobre los que también se había pronunciado el MPF con anterioridad.
El fallo confirma la connivencia civil en las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar en la Argentina.
