Los jueces aun deben definir si pedirán la declaración de testigos de identidad e imputados arrepentidos. En lo que podría ser la última audiencia del año, pidieron declarar dos policías acusados.
La megacausa por narcotráfico que dio origen al Operativo Sapucay, un movimiento de fuerzas de seguridad de casi mil efectivos en el que detuvieron a más de 30 personas en Corrientes, Chaco, Buenos Aires y Córdoba, podría quedar en suspenso hasta 2021.
Esto es porque el Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires pasó a cuarto intermedio el debate hasta el próximo 30 de diciembre pero “habría que ver si la próxima semana se vuelve a constituir el Tribunal, si se hace el juicio, porque aún queda pendiente resolver algo que se pidió hace tiempo y es que se cite a declarar a los testigos de identidad reservada”, expresó el abogado Guillermo Rojas Busellato, quien interviene como defensor en el debate.
Por su parte, el letrado Jorge Barboza, quien también es defensor de imputados en esta causa, apuntó a la necesidad de acceder a material probatorio en la causa. Se trata de audios de escuchas telefónicas que se habrían registrado pero a los que no tuvo acceso. Advirtió que “no hubo control de la prueba”, un tema que ya fue planteado en el debate pero que fue rechazado por los jueces.
El pasado 23 de diciembre, el Tribunal Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió pasar a un cuarto intermedio la causa en el que se exponen hechos contenidos en la causa 3002/2017 conocida como Causa Sapucay.
Este último letrado informó por medio de su blog que declararon públicamente dos imputados, mientras que se analizó en secreto situaciones expuestas por testigos de identidad reservada.
En la primera etapa dos testigos se abocaron a explicar su situación en relación a lo que habían expuesto los investigadores de la Gendarmería Nacional.
Si bien los dos testigos expusieron respecto a las acusaciones, el Ministerio Público Fiscal se abocó a realizar preguntas casi exclusivamente de índole poblacional y social.
Como si se tratase de un juicio a la gestión de gobierno o al desarrollo económico de la provincia de Corrientes, los fiscales indagaron insistentemente en la cantidad de ciudadanos que habitan el poblado.
Las preguntas rondaron en la actividad laboral de los vecinos, poder adquisitivo y hasta en sus costumbres de consumo. Un acto más parecido a una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que un cuestionario en el contexto de un debate.
Igualmente, las respuestas fueron claras: Los habitantes de Itatí ejercen actividad lícita. Existen profesionales, vecinos que se desempeñan en el comercio, servicios turísticos y empleo público.
“No es como dicen los que declararon, que la gente vive del narcotráfico. La gente de Itatí trabaja”, sostuvo uno de los declarantes.
Estos declarantes hicieron uso así de su derecho a contestar las acusaciones en su contra y a confrontar a las pruebas, en el caso, los testimonios de los investigadores.
La causa tiene como fecha de inicio el 14 de marzo de 2017 y lleva ya tres años. La dilación hasta el año próximo podría derivar en pedidos de libertad de los imputados, debido al paso del tiempo y la falta de definiciones respecto de su culpabilidad o su inocencia.
