Opina: Jorge Adrián Barboza
Abogado
MP I 5712
Las dilaciones de los funcionarios judiciales para realizar trámites en el contexto de causa federales repercuten en el menoscabo de los derechos de los imputados, al tiempo que lesionan gravemente al ejercicio del ministerio de la defensa.
Esta situación afecta a los letrados litigantes de la provincia de Corrientes quienes son perjudicados debido a que con la excusa de la “pandemia” carecen de contacto con los funcionarios judiciales que, en su pasividad, retrasan las diligencias realizadas en el marco de las causas en trámite.
Estas demoras injustificadas consisten en dilaciones para proveer escritos no te proveen los escritos, evitan contestar consultas sobre el estado de las causas, y hasta evitan atender los teléfonos para así no dar explicaciones.
Mientras esto ocurre, el litigante tiene que cargar con el peso de explicarle al cliente y a su familia que no puede hacer su trabajo por la falta de interés de los funcionarios públicos.
La gravedad del caso radica en que, por un lado, el judiciable se ve así impedido de ejercer su derecho a la Justicia, se ve afectado su derecho a ser considerado inocente por lo que, privado de la libertad cumple una pena anticipada, pues, se le niega la libertad ambulatoria. En síntesis, se vulneran las derechos y garantías constitucionales más básicos.
El perjuicio de la inacción judicial también afecta al derecho de trabajar del abogado quien, ante la falta de resultados a sus acciones -debido a que los judiciales no trabajan- se ve impedido de acceder al cobro por sus servicios.
La situación es totalmente contraria a la vivida por los empleados judiciales quienes, por la pandemia no trabajaron gran parte del año y quienes, además, ya se preparan para las vacaciones. Ellos, aún así, cobrarán sus haberes mensuales sin dilaciones.
Con interés de denunciar afecciones a los derechos de judiciales y abogados, pero sin animosidad alguna, es importante poner en videncia la falta de movimiento de expedientes que, al no estar cargados en el sistema informático de gestión, no registran movimiento del expediente.
Esto implica que la defensa ignora si el fiscal contestó la vista, si se realizaron diligencias o si existen cambios en el contexto del caso o, en el caso, si se ha recepcionado un escrito que podría ser vital para aclarar la situación procesal del imputado.
En lo que respecta al desarrollo de la actividad profesional, estas demoras en la carga del trámite y la actualización del sistema constituye una falta de respeto y destrato profesional diligente que en estos tiempos de pandemia fue impedido de concurrir a los estrados a fin de cotejar las actuaciones.
Y es que la actualización del sistema es casi el único sistema de contacto entre la judicatura y el profesional.
Pero existen otras actitudes, como el pedido de diligencias estériles e injustificadas que sólo dilatan el proceso y atenta contra los principios de economía procesal que atenta y, además, contra el derecho defensivo del imputado.
Estos casos implican una dilación injustificada que podría ser interpretada como un despropósito que atenta contra no sólo contra los derechos de los imputados y de sus defensores, sino contra todo el sistema de justicia.
Es por ello que es importante que los funcionarios públicos de la Justicia, como también los magistrados asuman el compromiso de cumplir con su deber de forma eficiente en pos de un servicio de justicia, efectivo y de calidad.
