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Corrientes
21 mayo 2022

Sauce: Investigan el destino de millones de pesos de las arcas públicas

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La administración del pequeño poblado del Sur correntino es observada por la Justicia. La intendenta que gobierna desde 2013 está acusada de supuestos desvíos de fondos.

La Justicia avanza en la investigación respecto a desmanejos de fondos públicos en la localidad de Sauce y, en ese contexto, ordenó el análisis de los registros contables.

Es por ello que se ordenó a allanar la Municipalidad por segunda vez. En la operación secuestraron documentos en los que se registraron los egresos e ingresos de dinero.

El operativo se realizó en el marco una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Curuzú Cuatiá tras una denuncia de la edil Griselda Zajur quien acusó ante la Justicia a la Intendente Irma Obregón Torossi, al auditor municipal Pablo Gauna y al Contador municipal Cesar Lancieri, por los delitos contra la administración pública.

El abogado que representa a la querella, Marcelo Dietrich aclaró que actualmente se realizan peritajes a los registros contables del municipio.

Los análisis se realizan sobre la base de los datos incautados de las computadoras de las oficinas municipales, en el procedimiento realizado por las fuerzas de seguridad el pasado 11 de diciembre.

“Lo que se denuncia son graves irregularidades en el manejo del presupuesto”, había denunciado Dietrich quien aclaró que en el último allanamiento no se incautaron computadoras, sino que sólo se obtuvo la información que contenían las máquinas.

La causa fue tramitada hace seis meses cuando la concejal del Frente Renovador, Griselda Zajur acusó a Irma Obregón Torossi, de Cambiemos, de haber participado en “hechos irregulares que afectan las cuentas públicas municipales”.

Esta denuncia alcanza también al auditor municipal, Pablo Ignacio Gauna “en razón de no haber advertido en la órbita de su competencia y como órgano de contralor, las innumerables irregularidades existentes en el manejo de los fondos públicos”.

La denuncia que se efectuó el día 17 de junio de 2020 ante la Fiscalía de Instrucción y Correccional de la ciudad de Curuzú Cuatiá. El día 19 de ese mes se realizó un allanamiento en la sede del Concejo Deliberante de donde se incautó documentos.

Ese día la Justicia ordenó el secuestro de comprobantes de egresos, ingresos, informe de ejecución presupuestaria, informes de auditoría desde julio a diciembre de 2018 y de enero a septiembre de 2019.

El 11 de diciembre se efectuó un segundo operativo para obtener datos que contienen las computadoras de la oficina donde funciona la auditoría y también de la municipalidad.

Falta de dinero

Según la denuncia presentada por la concejal Zajur, “las irregularidades encontradas y que tienen que ver con órdenes de pago que no están firmadas por beneficiario alguno, o firma persona distinta al que se ordenó el pago”.

Otra irregularidad detectad son “facturas por montos considerables de dinero que la propia intendente municipal certifica como copia fiel de su original, no encontrándose dicho original en los comprobantes de egreso sino esa certificación solamente”.

Denunció además supuestas “compras directas en rubros como combustibles, repuestos, materiales de construcción, sin ningún tipo de concurso de precios, sin Resoluciones respaldatorias de las operatorias que realizaba, solo a modo ilustrativo”.

Como resultado de esta denuncia, la Justicia ordenó a la Policía de Corrientes a realizar un allanamiento con el fin de efectuar el secuestro de los documentos relacionados con la administración de los fondos públicos y que se hallaban en el recinto del Concejo Deliberante.

Esos papeles se encontraban en la sede del Poder Legislativo debido a que se había solicitado la revisión de la administración de fondos por parte del Poder Ejecutivo. “Debido a que fui la única que advirtió estas irregularidades decidí ir a la Justicia”.

La concejal aclaró oportunamente: “En cumplimento de mi labor como concejal y ante hechos de este tipo he decidido recurrir a la Justicia a fin de que se Investigue la probable comisión de delitos que afectan la administración publica municipal”.

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