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Corrientes
20 octubre 2021

Confirman el procesamiento de una ex funcionaria por abuso de autoridad y negociaciones en perjuicio de Anses

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Está acusada de intervenir en la adjudicación directa de un inmueble que, apenas dos meses antes, había sido adquirido por sus suegros. El hecho ocurrió cuando era la titular de la Udai Corrientes.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes resolvió confirmar el procesamiento de la ex titular de la Unidad de Atención Integral (Udai) del Anses en Corrientes, Natalia de los Santos, de su pareja, el ex concejal, Justo Estoup y a sus suegros Justo Merardo Estoup y Griselda Morelli.

La acusación es por, supuestamente, haber montado “un complejo plan para defraudar al estado” con el alquiler del local en el que aún funciona la entidad nacional.

José Aragón, dirigente de La Cámpora en Corrientes, junto a Estoup.

El Tribunal de Alzada analizó una presentación realizada por la defensora oficial Lara Leguizamón en el que objetó las acusaciones realizadas y el modo en que se valoraron las pruebas y circunstancia en el Juzgado Federal 1 de la ciudad de Corrientes.

La abogada advirtió que el alquiler del local por medio de una contratación directa, fue aprobada por los funcionarios del organismo en la oficina central, en Buenos Aires, luego de haber pasado por un circuito de análisis.

“Natalia   Soledad   De   los   Santos   no tenía   competencia   o atribuciones   para   decidir,  resolver,   aprobar   una   licitación   o   una   contratación directa, por lo que no se configura el contexto expresado en la norma en el sentido de que la Jefa de UDAI deba intervenir |en razón de su cargo”, dice la apelación presentada.

Advirtió también que la contratación directa se realizó tras haberse convocado a un concurso de licitación en el que hubo escasos oferentes.

Resaltó también el contexto de la situación, al advertir que alquiler del inmueble en el que funcionaba la oficina púbica había vencido y debido la falta de espacio propio se resolvió resolver el problema con el alquiler de otro inmueble, el único que había sido presentado en el concurso.

En respuesta a ello, los magistrados Mirta Sotelo, Luis González y Selva Spesott resolvieron “rechazar el recurso interpuesto por la defensa de los imputados Justo Merardo Estoup y Griselda Morelli confirmando el procesamiento dictado en su contra” en función al delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública -previsto en el artículo 174 inciso 5 del Código penal- pero modificó la acusación contra Natalia de los Santos.

Los jueces acordaron “hacer lugar parcialmente al   recurso   planteado   por   la   defensa   oficial,   revocando  la   calificación   legal asignada a Natalia De Los Santos solo en relación al delito de enriquecimiento ilícito -artículo 268 del Código Penal-, confirmando en todo lo demás la resolución dictada, en orden a los delitos de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario -previstos en los articulos 265 y 248 del Código Penal-, en concurso ideal”.

Nada dice la resolución respecto de la pareja de la ex funcionaria, Justo Estoup. Las pruebas existentes en la causa podrían resultar insuficientes para relacionarlo con los hechos denunciados.

La causa había iniciado el 12 de junio de 2017 tras una denuncia formulada por  Alvaro Aquino, en  su calidad  de  apoderado  judicial  de  Anses,  ante  el  Juzgado  Criminal  y Correccional  Federal   5 de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, pero tanto el magistrado como el fiscal declararon la incompetencia y se remitió la causa a Corrientes.

Posteriormente, el fiscal Flavio Ferrini pidió la imputación de los acusados fundado en que “existen pruebas suficientes para afirmar que los cuatro de manera directa llevaron a cabo un complejo plan orientado a lograr la locación del inmueble ubicado en la Av. Armenia 3850 de la ciudad de Corrietnes para la Anses, bajo la simulación engañosa de una contratación directa”.

Lo que se le achaca a De los Santos es que solicitó una nueva locación bajo la modalidad de contratación directa, por lo cual requirió de $1.152.000 para un total de 36 meses de alquiler, en cuotas mensuales de $32.000.

Justificó tal modalidad en la “emergencia edilicia” en que se encontraba el organismo, ante el avance de un juicio por desalojo iniciado por el propietario del edificio donde funcionaba la sede de la capital provincial.

Dos meses después, los suegros de la funcionaria adquirieron un inmueble ubicado en la Av. Armenia 3850 de la ciudad de Corrientes, por el cual abonaron $585.943, según se desprende de la escritura.

El 18 de agosto de 2011, un día antes de que comenzara la apertura de ofertas, el matrimonio ofreció la propiedad por un valor de alquiler mensual de $98.600 ($2.366.400 total), es decir, por un valor casi cuatro veces más del monto por el cual adquirieron el inmueble.

Finalmente, la comisión evaluadora de la Anses propició que se acepte la propuesta elevada por los suegros de la funcionara, “la única propuesta” recibida.

El contrato se firmó en diciembre de 2012 por un valor de $1.752.000 con la intervención, por un lado, de Natalia Soledad de los Santos en representación de la Anses y, por la otra parte, sus suegros.

En septiembre de 2019, se dictó el procesamiento de los imputados, situación confirmada por la Cámara de Apelaciones de Corrientes.

Natalia de los Santos había sido nombrada jefa de la Udai a partir de sus vínculos con La Cámpora, agrupación política en la que militaba junto a su esposo, Justo Estoup.

Este último accedió a ser, primero secretario del Concejo Deliberante y luego ocupó el cargo edil, mandato que concluyó en, 2017.

Durante el tiempo que ambos eran funcionarios públicos, se activó la denuncia en el fuero federal.

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