En el contexto del juicio por supuesto tráfico de estupefacientes desde Corrientes a siete provincias, el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá determinar si accede al reclamo de las defensas de llamar a declarar a los testigos de identidad protegida e imputados arrepentidos sobre cuyas declaraciones se basó el Ministerio Público Fiscal para estructurar la causa en debate.
El Ministerio Público Fiscal se expresó contra la convocatoria a las personas que actualmente están en el programa de custodia de testigos, porque se considera que se pondría en riesgo su identidad y, en consecuencia, también su integridad física.
El titular de la Procuración de la Narcocriminalidad, Diego Iglesias, había considerado pertinente, entonces, incorporar por lectura los testimonios.
Otra opción dada por este funcionario es que los testigos declaren vía remota, con voces distorsionadas y de espaldas.
Los defensores rechazan esto y piden que la declaración sea presencial.
Esta solicitud de las defensas se basa en el derecho a realizar preguntas y ahondar en detalles respecto de los hechos que supuestamente ocurrieron y que fueron relatados por estos testigos.
Sostienen que es un derecho también el control de la prueba, esto es, conocer en detalles los contenidos de las pruebas que obran en la causa.
Uno de los que insistió en que se cite a los testigos e imputados, es el director del Estudio Jurídico Barboza y Asociados, quien sostuvo que las declaraciones garantizarían el cumplimiento de los principios del debate oral y público, es decir, la oralidad, inmediación, publicidad y contradicción.
El abogado Jorge Barboza, al igual que la mayoría de los defensores de esta causa consideran de vital importancia la confrontación con los testigos debido a que durante el debate surgieron elementos que ameritarían de ser analizados más en detalle.
El debate continuará este miércoles a partir de la hora 14.30, pero de citarse a los testigos e imputados se realizaría sin público, para proteger la identidad de los mismos.
En la jornada del 16 de diciembre declararon efectivos de la Gendarmería Nacional que se abocaron a la desgrabación de las escuchas telefónicas colectadas en el contexto de la investigación.
Durante su declaración, uno de ellos admitió que en la causa intervinieron personas de la Dirección Nacional de Inteligencia por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación.
