Reprimieron con balas de plomo y mataron a un interno, mientras que otros resultaron heridos. Por la muerte de Kevin Candia no hay detenidos y el Gobierno provincial encubre a los responsables.
Una investigación judicial dejó al descubierto maniobras del Gobierno de Corrientes para encubrir el homicidio de Kevin Candia, de 21 años, quien fue baleado por policías que realizaron una irrupción en la Unidad Penal 1 el pasado 21 de abril.
El hecho fue registrado en filmaciones realizadas por los internos y publicados en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes son elocuentes: Los efectivos ingresaron violentamente portando armas de fuego y dispararon con balas de goma a discreción.
Tres balas dieron en el cuerpo de Candia quien murió en forma casi insantánea.
Tras el episodio el Gobierno Provincial había planteado la hipótesis de un motín y oficialmente habían informado la inexistencia de protocolos para tales situaciones.
Las averiguaciones posteriores dejaron en evidencia que desde el Poder Ejecutivo provincial intentaron, primero, minimizar el hecho y, luego, encubrir a los responsables del homicidio.
En el transcurso de la investigación se descubrió que los efectivos participantes del operativo desconocieron todo tipo de reglamento existente, pero además que carecen de instrucción en relación a las acciones que se deberían realizar ante un inconveniente dentro de las Unidades Penitenciarias.
La abogada Andrea Quincose Vilalta, sostuvo que “el protocolo de actuaciones apareció” luego que se había negado la existencia de manuales de actuación en el Servicio Penitenciario Provincial.
La querella había expuesto que “durante la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción 6 de Corrientes, se requirieron múltiples informes tanto sobre lo ocurrido como respecto a las normas y protocolos que rigen en casos de situaciones de conflicto intramuros: Tanto las cabezas del Servicio Penitenciario Provincial como de la Policía de Corrientes y sus respectivos grupos especiales, negaron la existencia de protocolos”.
La representación de la familia de Kevin Candia explicó que “en las escasas audiencias testimoniales tomadas hasta el momento, los funcionarios penitenciarios mantuvieron la versión de la ausencia de protocolos”.
Es por ello que el Ministerio Público Fiscal ahondó en las averiguaciones y fua así que se llegó a descubrir la Resolución Ministerial 124/17 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, “que no es otra cosa más que el Protocolo de Primera Respuesta para hipótesis de conflictos con personas privadas de su libertad y alojadas en establecimientos penitenciarios”.
El reglamento lleva la firma del ahora ex Ministro de Seguridad, Horacio David Ortega.
La normativa, lleva tres años vigente, pero las jefaturas del Servicio Penitenciario Provincial ni de la Policía de Corrientes fueron informadas sobre la existencia de este reglamento.
Además, los efectivos policiales que cumplen servicios tampoco fueron instruidos respecto a cómo actuar. Es decir, en tres años que estaba vigente la normativa ningún funcionario policial había tomado conocimiento de su existencia.
La muerte de Kevin, está todavía impune, pero queda en evidencia las innumerables irregularidades en el Gobierno y las fuerzas de seguridad.
Para la querella y los familiares de Candia “no fue motín, no hubo reyerta, a Kevin lo mataron las balas asesinas de las fuerzas de seguridad y penitenciarias ; esas mismas fuerzas que por decisión política desataron una represión desmedida e irracional ante un conflicto menor que podría ser rápidamente desactivado”.
Balas en la celda
El 21 de abril de 2020, los internos de la Unidad Penal 1 habían denunciado que no existían acciones concretas para evitar contagios de coronavirus.
Dieron a conocer también que los efectivos penitenciarios ingresaban y salían de las cárceles sin control.
Expusieron también su malestar debido a que se les había suspendido las visitas y el ingreso de los alimentos que les enviaban sus familiares.
Esto derivó en que un grupo de internos decida encerrarse en un pabellón a modo de protesta e iniciar una huelga de hambre.
Mientras tanto, en el patio, otro grupo de internos jugaba al fútbol. La pelota fue cruzó por sobre una reja y quedó del otro lado, en un pabellón cercano.
Un interno fue por el balón, pero cuando escaló la reja, un policía le disparó con una escopeta calibre 12.70.
La acción del policía penitenciario movilizó a los demás internos. Minutos más tarde las autoridades penitenciarias autorizaron la movilización de grupos de choque y habilitó el ingreso a la cárcel de policías -quienes no están capacitados para tareas penitenciarias- para “normalizar” la situación.
Lo que ocurrió fue que dispararon contra los internos con balas de goma y de plomo.
Kevin Candia recibió tres tiros por la espalda y murió.
El Gobierno, luego, informó que hubo un motín y que a Candia lo mató otro interno. Juan José López Desimoni había salido a los medios ensayando una versión que encubriría el crimen.
Pero, los videos difundidos en las redes sociales lo dejaron en evidencia.
La Justicia abrió una investigación, pero a ocho meses del asesinato del joven, no existen responsables materiales ni políticos.
Kevin Candia, además, esperaba la libertad. Le faltaban pocos meses para cumplir la condena que había sido apelada.
El joven había sido acusado de robar un teléfono que valía $6.000, pero devolvió el aparato y en una audiencia con la víctima se acordó que realizaría actividades comunitarias para reparar el daño.
El Tribunal Oral Penal 1 -uno de los más cuestionados por sus decisiones- había revocado ese acuerdo porque el muchacho se había cambiado de domicilio sin avisar a los jueces. Lo condenaron a seis años de detención.
Lo mataron en la cárcel y el crimen está impune.
