Gustavo Javier Percara pasó a ser conocido por haber amedrentado a periodistas en el conflicto que tuvo la familia del ex ministro del macrismo. Está imputado con grupo de empresarios entrerrianos y misioneros de explotar laboralmente a unos 40 trabajadores
El empresario Gustavo Javier Percara deberá ser juzgado el año próximo en Corrientes por estar acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en una causa en la que está imputado desde 2011.
El hombre se hizo conocido por impedir el trabajo de una periodista el canal @C5N que cubría el conflicto de los hermanos Etchevere que se disputan un campo en Entre Ríos, en octubre pasado.
En esa oportunidad, Percara impidió el paso a la trabajadora del canal de televisión hacia el interior de la estancia.
El pasado 18 de diciembre, el Ministerio Público Fiscal Federal informó que el próximo 5 de febrero Gustavo Percara y sus hermanos Enrique Juan Percara y Diego José Percara y otros cinco empresarios serán llevado a juicio oral.
Los Percara, terratenientes entrerrianos están vinculados a un grupo de empresarios misioneros a quienes los investiga la Administración Federal de Ingresos Públicos por evasión fiscal. Pero, en ese contexto, se descubrió que sometieron a reducción a la servidumbre y explotación laboral a 45 trabajadores rurales en plantaciones de pino del sur de la provincia de Corrientes.
El pedido de elevación a juicio fue tramitado en 2017 y estaba previsto que al año siguiente se realice el debate, pero las defensas de los imputados realizaron acciones dilatorias para retrasar el juicio.
Es por ello que se realizó otra convocatoria, para 2019, pero los imputados habían nuevamente apelado el proceso, pero sus planteos fueron rechazados y se reprogramó el debate con fecha marzo 2020.
Justo en ese mes fue declarada la pandemia de coronavirus y debido a que algunos de los imputados son pacientes de riesgo se suspendió. En ese marco se informó que uno de ellos contrajo la enfermedad.
Es así que el Tribunal Oral Federal de Corrientes programó el juicio para febrero 2021.
Evasores y explotadores
Los Percara son muy cercanos al ex ministro de agricultura Miguel Etchevere y, al parecer, durante el gobierno macrista tuvieron protección política y judicial que dilataron el proceso judicial en el que están imputados.
Están acusados de explotar personas en campos dedicados al cultivo de eucaliptos en la provincia de Corrientes.
Estos predios estaban inscriptos como pertenecientes a la empresa denominada “El Batelito S.A.”, donde, en 2011 la Gendarmería rescató a cuarenta trabajadores en situación de vulnerabilidad habrían sido sometidos a condiciones infrahumanas.
Según el dictamen del fiscal federal de Paso de los Libres, Aníbal Martínez, los hermanos Percara y uno de sus socios, Rolando Abel Díaz, son los cuatro principales imputados de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.
En la maniobra se investigó la relación entre Cooperativa Tierra Colorada Ltda. Radicada en Misiones y de tres hermanos, socios integrantes de la firma “El Batelito S.A.”, radicada en Entre Ríos.
En tanto, otras cuatro personas están imputadas en grado de partícipes necesarios. Se trata de Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.”, y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) habría contactado y captado a algunas de las víctimas.
En las acciones, Díaz, como presidente de la cooperativa, contrataba en forma irregular a trabajadores misioneros, correntinos y paraguayos que se hallaban en situación de vulnerabilidad, para luego trasladarlas hasta los campos de los Percara en remis o en taxi.
Una vez allí, las víctimas habrían sido alojadas en un colectivo viejo y un trailer adaptado con camas cuchetas para dormir.
Durante el día, las víctimas debían realizar tareas vinculadas al la explotación forestal en jornadas de hasta diez horas y en condiciones infrahumanas: no contaban con agua potable, luz eléctrica, ni elementos para poder conservar los alimentos.
Tampoco tenían baños, no contaban con la vestimenta adecuada y, en algunos casos, les retenían los documentos. Tampoco poseían sillas ni mesas al momento de realizar su descanso; lo hacían apostados en la tierra, donde hacían un fogón para cocinar. Y no se encontraban registradas.
La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en las fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso de los Libres.
Esta denuncia derivó en los posteriores allanamientos.
Como resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra un total de 19 víctimas en similares condiciones.
En su momento, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, además de dictar los procesamientos, ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir sumas de entre 100 mil y 200 mil pesos.
Es así que el Ministerio Público Fiscal instó al Tribunal Oral Federal de Corrientes que programe el juicio y entonces se acordó que el 5 de febrero sean citadas las partes para el debate.
