En el marco de la causa del Operativo Sapucay, en la que se investigan supuestas actividades de narcotráfico entre Corrientes y siete provincias y países limítrofes, declararon este 16 de diciembre efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron actividades técnicas en la investigación.
Se trata de los gendarmes que fueron asignados para realizar la desgrabación de escuchas telefónicas contenidas en discos compactos que fueron encontrados dentro de la oficina de Pablo Molina, un secretario judicial federal, actualmente procesado por cobro de coimas.
El primer testigo, Rubén Vargas explicó que había sido convocado al edificio de la Procuración de la Narcocriminalidad para transcribir esos audios.
Sostuvieron que fueron más de 6.000 discos los que les fueron entregados y que se los escuchó desde marzo de 2017 a febrero de 2018.
Este numerario sostuvo que “nunca escuchó hablar de dorados en relación a estupefacientes”.
También le consultaron respecto de operaciones de transporte de estupefacientes. Sostuvo que se había escuchado coordinaciones pero “siempre de lado de la costa del Paraguay, en Itá Corá”.
En tanto, el otro numerario, Diego Mercado sostuvo que para realizar las desgrabaciones fueron realizadas por cinco gendarmes pero también con “un equipo del Ministerio de Seguridad con Gendarmería”.
Afirmó que hicieron un “trabajo interdisciplinario” en los que se realizaba una reunión de trabajo para intercambiar información sobre lo que se había registrdo.
En este contexto sostuvo que participaron personas enviadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación -entonces conducido por Patricia Bullrich- a lo que fue consultado por el abogado defensor Jorge Barboza si esos individuos pertenecían a una fuerzas de seguridad.
“No eran de la policía, sino del ministerio de seguridad, no tenían grado. Eran personas de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dinic)” afirmó Mercado.
Según esto quedó expuesta la injerencia del Gobierno en una investigación que fue usada por la administración de Mauricio Macri para dar un golpe a sus adversarios políticos en una época electoral, ya que en esta causa habían sido detenidos funcionarios de la Municipalidad de Itatí, entonces gobernada por el peronismo.
