Un Juzgado provincial ordenó a la Municipalidad de Corrientes a garantizar el acceso libre a la costa del río. En el lugar se desarrolla un emprendimiento inmobiliario de dudosa legalidad.
Un grupo de firmas privadas de dudosa legalidad realizó una serie de maniobras para acceder a la explotación de las playas públicas en la ciudad de Corrientes.
Para ello la Municipalidad, en la cabeza del intendente Eduardo Tassano y en connivencia del bloque Cambiemos de concejales otorgaron el dominio de las playas públicas a estas empresas, vinculadas a funcionarios gubernamentales locales y provinciales.
Las obras comenzaron a ser ejecutadas, pero una resolución judicial mandó a frenarlas. Igualmente, en plena pandemia de coronavirus las construcciones siguieron y hasta comenzó a funcionar un parador a metros del río.
Dadas las circunstancia, una organización de vecinos acudió a la Justicia y ahora una resolución judicial ordenó a la Municipalidad de Corrientes, que esos negocios ubicados en la en Playa Arazatí se ajusten a las ordenanzas vigentes y que no obstruyan el uso y goce gratuito de los ciudadanos.
El fallo fue en respuesta a una acción de amparo tramitada por la asociación vecinal Defensores de los Espacios Públicos Costeros.
La presentación realizada ante la justicia correntina se fundamentó en la existencia de normativa local que garantiza la gratuidad de ese espacio público, pero además en la necesidad de conservar el área.
Ante esto, los jueces de la Cámara Civil emitieron un fallo en el que “exigen a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes que garantice el uso y goce de las playas para la temporada de verano a cuyo fin deberá circunscribir los permisos y habilitaciones de negocios y paradores en la línea costera respetando las normativas vigentes”.
En uno de sus párrafos, la Resolución Judicial remarca que “es sabido que el recurso común más importante de las ciudades es el espacio público, visto como un bien urbano, es decir como una construcción en el sentido urbanístico y sociológico, atendiendo así no solo el aspecto urbanístico, sino también a valorar las experiencias que se generan por el uso y la participación ciudadana en esos espacios de la comunidad”.
Playas públicas, gratuitas y de calidad
La ordenanza 2.251 garantiza el uso público y gratuito de los espacios costeros en la ciudad de Corrientes.
La normativa -que se encuentra vigente- prohíbe la habilitación de paradores y comercios en el área comprendida entre el agua del río Paraná y la baranda de la costanera.
Debido a que la administración municipal de Eduardo Tassano cedió los terrenos a empresas privadas y dio permisos de explotación comercial sobre la playa, la Justicia hizo prevalecer la normativa vigente y dio lugar al amparo presentado por los Defensores de Espacios Públicos Costeros.
Esta acción se refería tanto a la habilitación de paradores como así también al intento de construcción de un shopping de varios pisos sobre la playa Arazaty.
Nada personal, solo negocios
Las Playas Arazaty I y II se hallan en la costa del río Paraná, a metros del puente interprovincial que une Chaco con Corrientes.
El espacio fue inaugurado en 2011 durante la intendencia de Fabián Ríos (PJ) y se realizaron obras de dragado y refulado para el acondicionamiento de 800 metros de playa, que antes no existían.
La obra tuvo como objeto principal garantizar a los vecinos de la ciudad el acceso a la recreación y a un lugar seguro al que ir durante la época estival, cuando la temperatura llega a superar los 45°C.
Luego que asumió Eduardo Tassano (Cambiemos) se otorgaron permisos de habilitación de negocios en esa zona de la costanera sur.
Desde entonces avanzó el intento de construcción de un Shopping sobre la playa pública Arazaty y la instalación de paradores privados de hormigón sobre la playa, con intereses inmobiliarios y sin prever los costos e impactos socioambientales.