En el juicio por la causa del Operativo Sapucay, un funcionario de la Dirección Antidroga de la GNA sostuvo que existiría un mecanismo de protección a criminales. Antes, un investigador de la misma fuerza había asegurado que una persona investigada por narcotráfico asitía asiduamente a la Dirección de Toxicomanía de Corrientes.
En el marco del juicio de la causa del Operativo Sapucay, el pasado 9 de septiembre terminó su declaración el oficial de Gendarmería Nacional, Mario Ríos quien expuso por más de 20 horas ante el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.
En su exposición se refirió a un allanamiento realizado en una Unidad Penal donde estaba detenido un supuesto líder narco, Carlos Bereiro e indicó que tras el hallazgo de materias supuestamente incriminatorios no se habría sancionado ni a personal ni a los internos.
“No sabemos si se le hizo sanciones a los internos sobre el hallazgo en las celdas”, dijo el segundo jefe a cargo de la investigación.
La convocatoria de este testigo fue cuestionado por los abogados defensores ya que “no aportó nada sustancioso respecto de lo que ya había declarado otro testigo y lo que consta en el expediente”.
Para el abogado Jorge Adrián Barboza, uno de los intervinientes en la causa, el oficial gendarme “declaraba lo que le parecía, lo que era su hipotesis o lo que presumía”.
Indicó en este sentido que “es un testigo que sabía todo cuando la fiscalía preguntaba, pero cuando la defensa interroga no recuerdan los hechos”.
Puntualmente se refirió a las funciones que cumplían lso supuestos líderes de las bandas criminales, Carlos Bareiro, Luis Saucedo y Federico Marín.
“Quedó en evidencia que el testigo siempre hablaba de tres organizaciones y en su relato había una sola, porque no puede justificar qué es lo que hizo Carlos Bareiro o la acción delictual que se le achaca”, dijo el letrado.
“Manifestó que era una sola organización armonica, comandada por Bareiro, no supo explicar cómo se dividía los dividendos. Se le preguntó cuánto ganaban las organizaciones criminales y no pudo contestar”, dijo.
La audiencia continuó con la declaración de José María Valdés, el titular de la División Antidrogas de la Gendarmería, organismo que coordinó las investigaciones.
El oficial con 32 años de servicio sostuvo ante el juez Andrés Basso que existirían numerarios de la Policía de Corrientes involucrados en actividades de narcotráfico.
Ante la pregunta del titular de la Procuración de la Narcocriminalidad, Diego Iglesias sobre nexos entre las bandas criminales y las fuerzas de seguridad, el oficial superior de la Dirección Antidrogas de la Gendarmería, sostuvo “Pudimos advertir complicidad. Trabajamos sobre la policía de Corrientes” y aclaró que también se hizo averiguaciones en relación a otras fuerzas de seguridad.
Anteriormente, Mario Ríos, un oficial de la que estuvo a cargo de la obtención de elementos con los que se constituyó el expediente de la causa 3002/2017 actualmente en debate oral y público, había hablado de vínculos policiales con bandas criminales.
Este investigador de la Gendarmería Nacional Argentina dijo que una banda narco con base en la Ciudad de Buenos Aires tendría vínculos con la Dirección de Toxicomanía de Corrientes.
En su declaración habló de una mujer, María Fernanda Pazos, sindicada como la encargada de comprar marihuana en Itatí con el fin de abastecer a kioscos narcos de la CABA.
Declaró que Pazos “iba asiduamente a Corrientes, pero se nos perdía cuando entraba en la casona, donde funciona la Dirección de Toxicomanía de Corrientes”
Estas declaraciones podrían derivar en investigaciones a funcionarios policiales y políticos correntinos.
