En San Juan la involucraron en una megacausa por corrupción. La acusaron de supuestamente presionar a un grupo de abogados con quienes trabajaba. Ella se desvinculó de los hechos. La Justicia correntina pediría sus antecedentes en su provincia de origen.
El juzgado de instrucción de Esquina investiga a Mónica Gabriela Almeida quien, supuestamente, había utilizado al menos seis matrículas de otros abogados para hacerse pasar por letrada habilitada para ejercer la profesión, cuestión que está en investigación.
Está libre. Pagó una causión de $100.000, pero sigue vinculada a la causa.
No es la primera vez que está encausada. La mujer, oriunda de San Juan, había sido involucrada en una megacausa por entrega irregular de inmuebles a partir de juicios de expropiación.
La causa es compleja e intrincada. El trámite del expediente se llevó puesto a fiscales, jueces, funcionarios estatales y abogados.
Generó, además, la necesidad de crear un registro de inmuebles expropiados a partir de una ley provincial.
La investigación judicial en la que fue involucrada es por la adquisición de derechos de cobro obtenidos de juicios de expropiación de terrenos.
Es que estos espacios habían sido usados por el Estado para realizar obras y por eso se abrieron juicios de expropiación.
El problema es que los valores de esos lugares eran irreales y los jueces fallaban obligando al Estado a pagar esas cifras exorbitantes a los dueños de los derechos de juicio.
La sospecha fue que pudo haber intervenido en un “pasamanos” de derechos de cobro para beneficiar a un grupo de abogados. Esta acusación no habría sido probada.
Estas expropiaciones irregulares originaron una megacausa en 2010 pero recién este año llegó a juicio.
En aquellos años -2004 a 2008- Almeida trabajaba como secretaria de un estudio jurídico en San Juan.
El titular de la oficina era el abogado Gustavo Mulet. Este letrado había intervenido en un juicio de expropiación, pero no pudo cobrar tras la sentencia.
Según la causa, en 2005 Almeida habría comprado a un colegio privado el 35 por ciento de un juicio de expropiación de ese terreno a unos $5.000 que pagó con dinero recibido de su padre y otra persona llamada Miguel Suraty adquirió el otro 65 por ciento por $10.000.
Por la cesión, la institución escolar recibió $65.000. Pero en la causa ya había sentencia firme por $1.200.000 y el abogado Santiago Graffigna que era el asesor legal de la institución escolar, pero tomó la representación de ambos compradores de los derechos y el fallo los benefició, pero no llegaron a cobrar esos fondos.
Lo que se sospecha es que Graffigna tenía un arreglo con los jueces y también había intervenido en la tasación “inflada” de la causa. Su objetivo: negociar los derechos de cobro.
Almeida, en esa causa había cedido sus derechos a María Celina Infante y lo hizo por $5.000. Esta compradora, sería hermana de Carlos Infante, socio de Gustavo Mulet el abogado que no había podido cobrar la liquidación de un juicio por expropiación sobre el mismo terreno tiempo antes.
Luego de esta transacción y tras una serie de inconvenientes con sus jefes, se alejó de San Juan y se instaló en Paso de los Libres donde trabajaba en estudios jurídicos.
Posteriormente se trasladó a Esquina y allí fue denunciada por hacerse pasar por abogada sin serlo.
Extorsión
Según publicó el diario El Tiempo de San Juan, el 28 de noviembre de 2014 los abogados Gustavo Mulet y Carlos Infante, denunciaron a Almeida por supuesta extorsión.
Dijeron que la ex secretaria les había pedido $80.000 a cambio de no vincularlos a la causa de las expropiaciones.
Esta denuncia fue hecha en la Fiscalía de Instrucción N°4 de la Capital sanjuanina.
“Hace años que no hablo con esas dos personas. Ni por teléfono ni personalmente, ni nada”.
Anunció además que había decidido querellar a su ex jefes. “He tomado la decisión de iniciarles una querella por injurias en febrero próximo, cuando se termine la feria judicial de enero. Tengo que viajar a San Juan por la venta de una casa familiar y hay voy hacer la denuncia penal”.
Pero en sus declaraciones dejó un dato llamativo. Según expuso trabajaba en la UNNe, algo que no está probado en la causa donde se la involucra en Esquina.
“Yo trabajo como contratada en la Universidad Nacional del Nordeste y esta mentira me está haciendo mucho daño en lo laboral, más allá del plano personal y familiar”, había declarado.
El hecho denunciado, no habría sido probado.
Ahora la Justicia correntina estaría interesada en conocer los pormenores de estas causas.
