Ocho obreros murieron al caerse un edificio y por el caso están imputados encumbrados empresarios. La causa va camino a la impunidad, los jueces dilatan el inicio del juicio.
La situación puede entenderse, en términos técnicos, como una derivación de las consecuencias tomadas a partir de una situación extraordinaria. Pero, para la sociedad, que poco entiende de vericuetos jurisprudenciales se trata de una vieja costumbre de la Justicia de Corrientes: la de otorgar ciertos “extraordinarios” beneficios a empresarios y funcionarios observados por posibles incumplimientos de normas.
Para el común de los ciudadanos, las maniobras dilatorias y vericuetos legalistas suelen ser el respaldo para garantizar impunidad a un sector de la sociedad con fuertes vínculos con la política, la economía y los poderes hegemónicos.
Ejemplos sobran. El caso de Manuel Sussini, acusado de haber abusado de dos jóvenes que estaban a su cuidado -una menor de edad- es tan llamativo como repudiable.
El político -titular del partido Compromiso Correntino- debía estar en prisión domiciliaria, pero se lo vio caminar libremente por el microcentro correntino bajo el cálido sol de noviembre.
En otro caso, el abogado goyano Cristian Castro quien estuvo cerca de asesinar a golpes a su ex pero fue beneficiado con la libertad. El hecho conmocionó a la opinión pública nacional. Los jueces no se inmutaron en explicar la desición ni revertir el fallo.
Otro caso paradigmático, es el del empresario, dueño de un negocio de efectos usados en el campo, apaleó a su pareja junto a sus hijos y nunca lo llamaron a declarar. La víctima tiene traumatismo de cráneo y debe estar internada 90 días.
En otro expediente, Noel Breard, el eterno legislador radical, es investigado por la muerte a balazos a un trabajador de la salud. Está bajo sospecha pero nunca se presentó a declarar y la investigación está paralizada.
Es por ello que la decisión del Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes, de suspender por tercera vez el inicio del debate oral y público por la muerte de ocho obreros tras el derrumbe de un edificio, no llama la atención, pero causa indignación.
El debate estaba previsto para el 27 de noviembre. Ya se había suspendido por cuestiones de proceso y luego se fijó fecha aún en pandemia.
Llamativamete, horas antes del inicio del debate los jueces Ana Figueroa, Cynthia Godoy Prats y Raúl Guerín decidieron volver a posponer el juicio por el hecho ocurrido el 22 de marzo de 2012, en la construcción del edificio situado en San Martín al 600 de la ciudad de Corrientes.
La determinación beneficia a los empresarios Walter Bruquetas y Elías Cohen, y el capataz de la obra, Carlos Valenzuela, acusados de haber incumplido normativas regulatorias cuya consecuencia derivó en el fallecimiento de ocho albañiles.
Ahora las familias de Enrique Sosa (21), William Valenzuela (32), Jorge Acevedo (38), Eduardo Acevedo (19), Diego Rodríguez (25), Ramón Zacarías (49), Marcos González (28) y Pablo Medina, no hallan consuelo.
Es que luego de ocho años por medio del abogado querellante Rubén Leiva, habían logrado oponerse a una serie de planteos de los defensores.
Las maniobras legalistas habían prorrogado por casi una década que se juzgue las responsabilidades por la muerte de estos trabajadores.
Esperanzados, en junio habían recibido la noticia que el juicio se realizaría. Pero los magistrados en una excusa cuestionable volvieron a prorrogar el debate.
Ellos mismos desarrollan en la misma sala al menos tres jornadas de juicio por semana, sin inconvenientes. Pero, en la que son juzgados los empresarios, advirtieron riesgos por la pandemia.
La prorroga es sin fecha. Tal vez nunca se fije una nueva.
Otra vez el tiempo transcurrirá y la verdad huirá por los oscuros caminos de la impunidad.
Este es nuestro análisis.
